Profesores, alumnos, padres, universitarios, personal de administración y servicios... La comunidad educativa de Granada volvió a tomar la calle ayer en protesta por los recortes en Educación y en contra de la reforma que prepara el Gobierno del PP, la ley Lomce. Convocados por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, integrada por sindicatos y asociaciones, varios centenares de personas recorrieron las calles del centro de la ciudad desde los comedores universitarios hasta la Subdelegación del Gobierno.

Con esta protesta, que se suma a la jornada de movilizaciones que se realizó a nivel nacional, mostraron su rechazo a la ley elaborada por el Ministerio de Educación, que critican por "perjudicial, segregadora y negativa para el sistema educativo".

Y no van a parar. "Vamos a seguir hasta el final pese a que parece que el ministro Wert no se va a echar para atrás con la ley", explicó ayer en la manifestación Ascensión Cano, de CGT, quien denunció que "los catalanes están entretenidos con el idioma pero se está ocultando lo que hay detrás, que es más desigualdad, separación y desmantelar la enseñanza pública".

En la plataforma granadina está integrados CCOO, CGT, FETE-UGT, Ustea, CTA, la Coordinadora Sindical Estudiantil, las confederaciones de padres Codapa y Confedampa y la Asociación Juvenil Surgente. También el movimiento Marea Verde, que es uno de los más activo desde hace unos meses en la defensa de la escuela pública, de los alumnos y especialmente de los profesores, unos de los más perjudicados por los continuos recortes y los cambios normativos.

"El dinero de los bancos para la Educación", "Esta reforma la vamos a parar" o "Así, así, ni un paso atrás", fueron algunos de los lemas que corearon los manifestantes en la jornada de ayer.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, anunció ayer en Sevilla dentro de la jornada de movilizaciones que a partir de enero se seguirán convocando nuevas acciones de protesta por la reforma educativa, "sin descartar el inicio de una huelga", viendo que en la tramitación de la ley "en vez de mejorar se empeora considerablemente".

Y es que, a juicio de Blanco, los últimos movimientos no hacen sino confirmar "un modelo educativo segregador y en el que se favorece la privatización de la educación", razón por la cual "no se descarta ningún tipo de acción al respecto".