El Gobierno presentó ayer un nuevo informe (se esperaba un anteproyecto) en el que da la vuelta como a un calcetín al mapa de competencias de los servicios públicos esenciales (quién y cómo los presta). Con leves variaciones sobre lo ya conocido, esta reforma local a la que aún restan muchos pasos, y de la que ya se ha abandonado la promesa de consenso sobre un asunto tan transcendente, camina hacia su objetivo: clarificar las competencias y ser más eficiente, según el Gobierno; privatizar los servicios públicos esenciales, según el PSOE. Todo con el silencio cómplice de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP y que recogió en meses pasados las protestas de los alcaldes, entre ellos, muchos del PP.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se sacó ayer un as de la manga y tiró por el ahorro que provocará esta medida. Montoro calculó que se ahorrarán 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales.

El ministro subrayó la importancia del proyecto y la necesidad de profundizar en las negociaciones en las Cortes, porque el proyecto afecta a la "arquitectura institucional del Estado".

Uno de los objetivos de la reforma es clarificar competencias municipales, pero también reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan unos mínimos de eficiencia.

Montoro aclaró que no desaparecerán ayuntamientos, pero que dejarán de prestar sus competencias cuando no sean eficientes.

Así el ministro afirmó que el Gobierno alentará la concentración de servicios en las diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión de localidades.

El Gobierno sí mantuvo el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado, aunque aclaró que este sueldo puede llegar a los 100.000 euros (sueldo base más complementos) y que será el límite para los municipios de más de 500.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia. Por debajo, de 300.000 a 500.000 habitantes, el máximo será de 90.000 euros; de 150.000 a 300.000 vecinos, se cobrará como máximo unos 80.000 euros; por debajo de aquí, por ejemplo, en los de 20.000 a 50.000, unos 65.000 euros; y en los de mil a dos mil, unos 20.000 euros de máximo. Por debajo de esa población, no habrá sueldo.

Otra de las novedades sobre el primer informe presentado al Consejo de Ministros es que no se persigue que desaparezcan el 30% de los concejales. A cambio, se reducirá el número de concejales con retribución, una opción que "ahorra mucho más", según Montoro. El objetivo, dijo, es impulsar la participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".

Así, de los 68.285 concejales, 12.188 (el 18%) podrá tener dedicación exclusiva y cobrar. En Madrid podrán cobrar 45 (son 57) y en Barcelona, 32 (son 41). De 700.000 a un millón, serán 25 los concejales con retribución, y de ahí hacia abajo. Por ejemplo, de 50.000 a 100.000 vecinos, cobrarán 15 ediles; y de 10.000 a 15.000 habitantes, lo harán cinco.

PSOE e IU criticaron el anuncio de Montoro y señalaron que el 85% de los concejales ya no cobran. También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación, que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más poblada de su provincia.

La reforma de la Administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30% de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000.

Pero estos son únicamente aspectos más o menos anecdóticos de la reforma local, que tiene su parte mollar en la pérdida de competencias de los ayuntamientos con menos habitantes, y que provocó un rechazo generalizado, incluso dentro del PP local.

Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es sólo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efecto.