La Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 entra en su recta final. Ayer se vio a puerta cerrada en el Senado y la próxima semana se debatirá en Comisión, antes de enviarla al pleno para su votación. Está previsto que el 23 de este mes el pleno del Senado la apruebe con un paquete de enmiendas, y que luego vuelva al Congreso para su ratificación definitiva, algo que con casi total probabilidad se producirá antes del verano. La nueva Ley de Costas, promovida por Miguel Arias Cañete, disminuirá de 100 a 20 metros el litoral protegido y permitirá la legalización de un número de casas que ayer nadie se atrevía a calcular en la provincia de Granada.

En su trámite en el Senado, el PP ha promovido varios cambios de calado mediante enmiendas, como la que rebaja de 100 a 20 metros el área de protección, por lo que en principio algunas de las construcciones quedarían fuera del dominio público y podrían pasar a regirse por la disciplina urbanística ordinaria y sin estar sujetas ya a concesión alguna, y desaparecería también la prohibición de venderlas o de hacer obras.

La mayoría de las fuentes consultadas por este periódico apuntaron ayer que ya se habían producido sin éxito otros intentos de legalizar construcciones, pero que la reforma de la Ley de Costas abre una nueva vía para regularizarlas. La fórmula es rebajar de 100 a 20 metros la anchura de la zona de protección. Pero esta 'amnistía' sólo serviría para las viviendas y núcleos existentes con anterioridad a 1988. Unas se harán de manera 'automática' y otras dependerán de que sus respectivos ayuntamientos realicen los trámites oportunos para delimitar esos núcleos rurales.

Una nube de incertidumbre se cierne sobre todos los agentes implicados, unos para bien, otros para mal. Entusiasmo por parte de los empresarios que han peleado tanto contra las restricciones que 'encorsetaban' el desarrollo económico de la comarca, con planeamientos demasiado rígidos a su entender y que no tenían en cuenta la orografía peculiar del terreno del litoral granadino, donde a pocos metros del mar existen acantilados. Esto contrasta con el miedo por parte de algunos representantes políticos de la oposición, que ven cómo se avanza un paso más hacia la privatización de las playas. 

Para el coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Morales, "de lo que se trata es de crear una nueva burbuja inmobiliaria en torno a la primera línea de playa para vender a precio de oro e intentar reactivar la economía de esta manera", a costa de "privatizar la playa". Para el también delegado de la Junta de Fomento y Vivienda, 20 metros es demasiado poco: " es menos que la calle de una ciudad".

Morales aseguró que el PP olvida que la playa es de todos y califica la medida de "barbaridad". También recuerda que estas medidas están en una línea completamente contraria a las que se toman en Andalucía: "La Junta ha blindado la costa incrementando la línea de protección. Se trata de esas políticas que marcan la diferencia".

Además, habría que estudiar si entra en contradicción con la normativa de la Junta, porque aunque en un principio el dominio público marítimo terrestre se establecía a 100 metros y la zona sobre la que el Ejecutivo autonómico es de los 200 a los 500, lo que deberían dirimir los juzgados -en su caso- sería si Madrid "establece los 20 metros como un límite garantista, para que no se pueda proteger más de 20 metros", aunque Morales señaló que aún es pronto para hablar de estas cuestiones.

El parlamentario socialista Miguel Castellano también se mostró diametralmente en contra de la rebaja en la protección del dominio público marítimo-terrestre. Cree que "la idea es legalizar las que hay, abrir la puerta a un coladero, a autorizaciones de construcciones a un límite que antes no era legal". Y añadió que "poco más que no va a quedar espacio para colocar la sombrilla de la playa". El portavoz del PSOE cree que va en contra de un desarrollo sostenible y que puede ir en contra de la gallina de los huevos de oro del turismo y la economía de la Costa: las playas.

Para Castellano, se trata de "dar visos de legalidad a todas las construcciones ilegales que hay en la Costa, que se puedan modificar y construir y además, hay otra enmienda que autoriza que puedan hacer obras de defensa del mar, escolleras o diques".

"Nos parece que es romper y pasar la línea roja de un recurso que es propiedad de todos. La modificación de la Ley de Costas se dice que es de protección y uso sostenible y no es ni lo uno ni lo otro". Y sentenció: "No hemos aprendido la lección de los últimos años.

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, aseguró que el Ejecutivo autonómico observa con "gran preocupación" la enmienda, que califica de "regresiva y falta de sintonía con las orientaciones europeas al respecto".  

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, también tildó ayer de "excesiva" la enmienda, teniendo en cuentan que la Defensoría había recomendado que esta zona de protección "estuviera de 400 metros para allá", porque, a su juicio, "es la única manera de preservar el litoral". La medida, según Chamizo, "no es buena para nadie, ni siquiera para el turismo futuro".

Así que ayer el PP se quedó solo en la defensa de esta enmienda, al menos en la esfera política. Fuentes del Partido Popular consultadas por Europa Press negaron que la enmienda 182 vaya a suponer un "coladero" para legalizar construcciones ilegales, porque "no es una amnistía para nada", sino que afectará a tramos de municipios que ya eran urbanos y legales en la Ley de 1988, por lo que "no afectará a construcciones posteriores a esa fecha". "Nuestro modelo de Ley tiene que favorecer el desarrollo sostenible y es difícil entenderse en cuestiones que se desvían de esa situación y que permita cosas que ambientalmente no se puedan sostener", concluyeron.