La disolución del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) que se llevó a cabo hace un año bajo el pretexto del ahorro, le va a salir al Ayuntamiento algo más caro de lo previsto. Cerca de un millón de euros tendrá que pagar en concepto de indemnizaciones a los trabajadores que, después de pasar por la oficina del paro recalaron en los juzgados disconformes con su despido. Desde que el servicio de empleo se desmanteló, el Ayuntamiento ha ejecutado más de 40 despidos ("no renovación de los contratos", puntualizan desde el Consistorio). La mayoría de ellos (25) derivaron en demandas judiciales y todas las sentencias que hasta ahora se han dictado (17) han declarado el despido improcedente o nulo.

Ayer, la junta de personal del Ayuntamiento se plantó en la plaza del Carmen para reclamar la readmisión de los compañeros despedidos. Lo hizo a techo descubierto y en una mesa de playa ya que la Concejalía de Personal les ha impedido, por segunda vez consecutiva, dar la rueda de prensa dentro del Ayuntamiento.

En estas condiciones Camino Gutiérrez, presidenta de la junta de personal, dio lectura a la carta que le han enviado al alcalde con algunas preguntas que les corroen desde hace algún tiempo. ¿Hay interés por recuperar los recursos humanos asociados al empleo a los programas y servicios que se mantienen?, ¿Qué le ha contado a los casi 4.000 empleadores y 20.000 demandantes que operaban en el Servicio Granadino de Colocación? y otra ¿Sabe si las agencias de empleo herederas han incorporado los 1.302 contratos de trabajo que el Servicio Granadino de Colocación cerraba de media cada año? Los trabajadores despedidos del IMFE acumulaban una experiencia laboral media de diez años, lo que hace que la cuantía de las indemnizaciones oscile entre los 25.000 y los 55.000 euros, dinero que todavía no se ha pagado por parte del Ayuntamiento. Quedan aún 8 juicios por celebrar cuyo resultado es fácil de prever a tenor de las 17 sentencias anteriores.

Cuando el IMFE desapareció en Granada, las competencias fueron asumidas por la Concejalía de Empleo, desde donde apenas se están organizando escuelas talleres y cursos. "Ahora mismo la Concejalía de Empleo gestiona en torno al 10% de lo que gestionaba antes el IMFE, con un tercio del personal. Toda la tarea de asesorar a personas en paro y ponerlas en contacto con empresas se ha dejado de hacer", apuntan desde la junta de personal.

En sus mejores tiempos, el IMFE contaba con 190 trabajadores. Antes de disolverse tenía en su plantilla a 80 trabajadores de los que 40 fueron expulsados. "Querían despedirlos teniendo en cuenta su último contrato, pese a que llevaban más de diez años trabajando", explican. Las únicas personas que quedan son las que eran funcionarias, y no todas están trabajando en la Concejalía de Empleo.

El concejal de Empleo, Jorge Saavedra asumió ayer el gasto que tendrá que hacer el Ayuntamiento en indemnizaciones pero encontró pronto al culpable de esta situación: la Junta de Andalucía.

"Los programas que ofertaba el IMFE estaban financiados por la Junta de Andalucía, al quitarnos las subvenciones nosotros no podemos renovar contratos. Los sindicatos están en la puerta equivocada", manifestó el concejal de Empleo, Jorge Saavedra. Con estos argumentos parece poco probable que el Ayuntamiento readmita a los despedidos. "¿Cómo voy a readmitirlos si el programa en el que trabajaban ya no existe?", se preguntó el concejal. Unos minutos antes de replicar a la junta de personal, Saavedra estaba pidiendo a la Junta que desarrolle un plan de empleo en la zona Norte, ya que el 80% de estos vecinos están en paro.

Si la Concejalía de Empleo está a merced del dinero de la Junta, ¿qué sentido tiene su existencia? "La Junta tiene que tomar las riendas, cuando había recursos nos metimos en competencias que no eran nuestras", dijo el concejal.