Las corporaciones locales van a recibir en breve una inyección económica para hacer frente a la sangría del paro. Una noticia que en Granada tiene especial interés ya que es una de las provincias con mayor tasa de desempleo. El decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social aprobado por la Junta el martes pasado -y que se publicará hoy en BOJA- dejará una inversión millonaria en la provincia para ejecutar planes de ayuda social extraordinarios.

En total, serán más de 20 millones de euros los que la Junta de Andalucía destinará a la provincia de Granada para poner en marcha este programa, dirigido a los colectivos más castigados por la crisis y en riesgo de exclusión social. Un decreto que es ya uno de los más ambiciosos y controvertidos de los que ha puesto en marcha desde el Gobierno andaluz en los últimos años.

El decreto contempla tres planes de acción: Plan extraordinario de acción social, Plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria y Plan de apoyo al salario social.

De las tres grandes medidas, que suman ese total de más de 20 millones de euros en Granada (120 en Andalucía), la partida más elevada es la que irá directamente a la creación de empleo, con más de 7 millones de euros, de los que casi 4 irán a los ayuntamientos para que contraten a parados de larga duración y a personas en riesgo de exclusión social.

Según el decreto de la Junta de Andalucía, en Granada estas ayudas a la contratación destinadas a ayuntamientos y entidades locales tendrá una inversión total de 3.994.590 euros y permitirá la contratación de 119.838 jornadas de trabajo. Como los tipos de contratos varían, el cálculo es que en la provincia se hagan 15.979 contratos que beneficiarán a otros tantos desempleados. Los contratos varían entre 15 y 90 días.

Los destinatarios finales de este programa de ayudas a la contratación son personas en situación o riesgo de exclusión social con desempleo de larga duración (es decir, más de un año), empadronados al menos desde junio de 2012 en el municipio y con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM. Las prioridades, según el decreto, serán las unidades familiares con todos los miembros en desempleo, familias numerosas, las que cuenten con al menos una persona menor de edad, las residentes en zonas de transformación social, las que incluyen personas con discapacidad o en situación de dependencia, familias monoparentales con hijos a su cargo, víctimas de violencia de género y familias con dos o más hijos a su cargo.

Los contratos serán para la realización de actividades de interés para la comunidad.

Estas ayudas se distribuirán directamente entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro de cada municipio registradas a 31 de diciembre de 2012. A esa fecha, según el Servicio Público de Empleo, el paro en la provincia afectaba a 108.185 personas, de las que 29.761 eran de la capital.

Además, podrá facilitar la contratación de desempleados sin prestación (1 de cada 3 desempleados en la provincia ya no reciben ayuda) y apoyar a las familias con menores a su cargo y mayores de 65 años.

"Cada vez hay más paro y las familias más dificultad para prestar a poyo, por lo que en muchas casas están prescindiendo ya de necesidades básicas, lo que requiere un compromiso del Gobierno y de medidas extraordinarias para fomentar la contratación", explicó ayer en la presentación de este decreto-ley en Granada la delegada del Gobierno de la Junta, María José Sánchez.

El segundo programa de este Plan extraordinario de acción social se refiere directamente a la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que en Granada supondrá la inversión de 3.249.089 euros, que beneficiarán a 2.499 personas y que permitirán el mantenimiento de 333 empleos.

La ayuda irá también destinada a ayuntamientos y entidades locales como financiación complementaria del SAD vinculado al Plan Concertado. Los destinatarios finales serán las personas que requieran ayuda a domicilio a juicio de los servicios sociales comunitarios y no sean beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia. En Granada se estiman 2.500 beneficiarios con 20 horas de ayuda de promedio, según informó ayer la Junta.

Además, permitirá la generación de empleo de 333 auxiliares de ayuda a domicilio durante seis meses. "Son puestos de trabajo de los que habría que prescindir con los recortes a servicios sociales del Gobierno central", explicó Sánchez, quien dijo que con los ajustes del PP a estas políticas, "se tendría que dejar de prestar estos servicios".

El procedimiento será por acuerdo del Consejo de Gobierno y tramitación y seguimiento vía Plan Concertado.

En total, sumando los dos programas de este Plan extraordinario de acción social, se invertirá en la provincia más de 7 millones de euros: 3,9 en el programa de ayudas a la contratación y 3,2 en la financiación extraordinaria del servicio de ayuda a domicilio.