El Ayuntamiento de Granada está preparando ya las solicitudes sociales y laborales que deberán rellenar las personas interesadas en acogerse al nuevo plan contra la exclusión social anunciado hace una semana por la Junta de Andalucía. De esta forma, el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, quiso despejar dudas sobre la implicación del Ayuntamiento en el citado decreto. "Evidentemente que vamos a colaborar", declaró rotundo. Y lo dijo al lado de la delegada de la Junta en Granada, María José Sánchez, quien dio fe de la buena voluntad municipal.

El plan, que dejará en la provincia de Granada 27 millones de euros para crear 120.000 jornadas de trabajo, ya ha puesto a trabajar al Ayuntamiento de la capital, que está buscando tareas que puedan desarrollar estas personas. "Estamos buscando quehaceres en la ciudad que no nos suponga mucha inversión desde el punto de vista de materiales, por ejemplo arreglar jardines o tareas que puedan hacer personas que no tengan una gran especialización, que de eso se trata", manifestó el alcalde de la ciudad.

Poco después de que la Junta de Andalucía diera a conocer la nueva normativa legal, la administración autonómica pedía la colaboración de los ayuntamientos para que se acogieran a este decreto de medidas extraordinarias y urgentes. "Lo haremos hasta la última peseta", aclaró el alcalde.

Pero la participación del Ayuntamiento estuvo algo menos clara hace una semana. El decreto llegó el viernes pasado, por lo que el Ayuntamiento de Granada analizó el documento el lunes. De dicho análisis dedujo que existían serias dificultades para que los ayuntamientos (no solo el de Granada) aplicaran el decreto. "No teníamos claro si la financiación la tenía que adelantar el Ayuntamiento, que parecía que sí, y entonces teníamos un problema", argumentó Torres Hurtado. Esto implicaba que al estar los consistorios regidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no podían adelantar esa cuantía económica "porque nos lo impide la ley. Había otro problema añadido, y es que dicha ley también impide la contratación de personas por parte del Ayuntamiento. "Poco después de analizar esta situación me puse al habla inmediatamente con María José Sánchez para ver qué podíamos hacer", relata el alcalde de la ciudad. La delegada de la Junta en Granada se puso a su vez al habla con el viceconsejero del ramo, quien le comunicó que las aportaciones económicas las adelantaría la Junta y que así se podría hacer la contratación.

María José Sánchez reconoció ayer que el decreto se prestaba a confusión en el tema de los pagos. "La idea de Bienestar Social es anticipar las cuantías porque somos conscientes de las dificultades financieras que tienen los ayuntamientos", añadió la delegada de la Junta de Andalucía en Granada.

Poco antes de que el alcalde se pronunciase sobre el decreto, el grupo socialista de la Diputación anunció que reclamará a través de una moción al gobierno provincial de la corporación (PP) que apoye y asista a todos los municipios en la puesta en marcha de las medidas extraordinarias y urgentes incluidas en el plan contra la exclusión social.

La viceportavoz segunda del grupo del PSOE en la corporación, Fátima Gómez, advirtió de la "necesidad" de que la Diputación esté preparada para asistir y asesorar en la aplicación de estos programas, ante la "gran avalancha" de solicitudes que esperan recibir los ayuntamientos.

Por ello, desde el PSOE solicitan además a la institución provincial que movilice recursos en el ámbito de sus competencias y canalice estas demandas a través de la red de servicios sociales comunitarios distribuidos por todos los municipios de la provincia. Para ello, propondrán al PP que refuerce el personal de estos servicios, mediante la contratación de los trabajadores despedidos.