LA quiebra económica es la circunstancia que mejor define la situación actual de bastantes ayuntamientos granadinos (curiosamente, los de mayor población), lastrada desde hace varios años ya, aunque se ha manifestado con toda su crudeza durante los dos últimos. No hay más que analizar las cuentas del último ejercicio para comprobarlo.

Hasta tal punto sus finanzas son insostenibles, que si fueran empresas privadas estarían en quiebra y habrían cerrado. Pero también es cierto que si fueran empresas privadas sus dirigentes hubieran sido cesados ya por ineficaces. Y a muchos de ellos, presentes y pasados, se les exigiría responsabilidad civil y hasta penal, por despilfarro y administración fraudulenta.

Si no fuera porque la Ley Concursal veta tal posibilidad en su artículo 1.3, muchos ayuntamientos de nuestra provincia habrían sido declarados en concurso de acreedores, a petición de éstos. Y ello, porque su estado de insolvencia es público y notorio, en tanto que no pueden cumplir regularmente con las obligaciones económicas derivadas de la normal prestación de servicios básicos al ciudadano.

Esta lamentable situación económico-financiera de los municipios granadinos ha puesto a su vez en serias dificultades a numerosos autónomos y pequeñas empresas prestadoras de servicios, y en algunos casos ha significado la ruina de éstos. Y lo que es más grave, si cabe: ha supuesto el cese de muchas prestaciones sociales y de actividades culturales y asistenciales. Por cierto, el plan de pago a proveedores del 2012, auspiciado por el gobierno de la nación, aunque bienintencionado, ha resultado ser una solución meramente transitoria.

Pero el principal problema, hoy, de las entidades locales insolventes, contrariamente a lo que se viene pregonando de forma interesada, no es la falta de ingresos, sino el exceso de gasto.

Es bien sabido que en el pasado reciente, con motivo del boom urbanístico, muchos ayuntamientos de la provincia, principalmente de la capital, Área Metropolitana y litoral, obtuvieron enormes rentas económicas (unas más lícitas que otras).

También es conocido que algunos de sus gestores, malos administradores por poco previsores, despilfarraron tanto caudal, bien por la vía del gasto suntuario y de mera representación, bien mediante inversiones improductivas (lujosos teatros, magníficos polideportivos, equipamientos múltiples, medios de comunicación propios, etc.), o inflando desmesuradamente el capítulo de personal, a través de la artificial creación de muchas plazas de plantilla, cubiertas bastantes de ellas por personal de confianza y algunas otras de manera escandalosa.

A ello hay que añadir el hecho de que los ayuntamientos, durante la última década, han asumido voluntariamente (unas veces de forma voluntarista, pero también otras por razones meramente electoralistas), muchas competencias que no les son propias, por ejemplo en materia social, cultural o deportiva, con el consiguiente gasto. Y también es de destacar, negativamente, el sinfín de subvenciones a fondo perdido, algunas de ellas sin finalidad, que han venido otorgando indiscriminadamente, por las mismas razones políticas, a infinidad de personas, fundaciones, asociaciones e instituciones civiles varias.

¿Resultado? Que a día de hoy, gran parte del personal contratado por esos ayuntamientos no tiene cometido alguno, pero devenga cada mes una nómina; que muchos equipamientos públicos están cerrados, debido a su alto coste de mantenimiento; que no pueden ser asumidas ya por el municipio las prestaciones sociales concedidas antes graciosamente, ni las actividades culturales inocuas; y que se han suprimido muchas subvenciones al deporte de élite, con la natural insatisfacción de sus antiguos perceptores.

Es por ello que se impone el que estos municipios procedan de inmediato a una reestructuración competencial y organizativa, y se apliquen, con eficacia y austeridad, al único fin de prestar a sus vecinos los servicios públicos esenciales a que están obligados por ley (según su mayor o menor población).

Los ayuntamientos han de abstenerse de actuar como benefactores de falsos menesterosos y aprovechados, y de constituirse en mecenas con el dinero público, ya que ello corresponde legalmente a otras Administraciones. Los entes locales, en fin, han de dejar de hacer negocios con empresas públicas, y de aplicarse a la actividad económica especulativa, pues ésta es tarea propia de la iniciativa privada que además ha demostrado ser, en este campo, infinitamente más productiva y perversa.

¿Responde a estos propósitos la reforma de la Administración Local, que prepara hoy el Gobierno? Me temo que no, por lo menos en la forma en que inicialmente está concebida: tiene todas las trazas de un plan de control político y económico de los ayuntamientos y de privatización de muchos de sus servicios. Estaremos pendientes de su desarrollo, pero es fácil vaticinar que se avecinan malos tiempos para el municipalismo.