Más de 8.000 ahorradores afectados y 200 millones de euros atrapados en entidades bancarias. Ese es el saldo que deja en la provincia de Granada la "estafa masiva" de la venta de participaciones preferentes y de la deuda subordinada y que dió a conocer ayer en rueda de prensa el diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, José Martínez Olmos, que informó además de las iniciativas de su formación para lograr la restitución de los fondos a los afectados.

La estafa de las preferentes y de la deuda subordinada es "un problema de Estado" con más de 300.000 afectados en España, 47.000 de ellos en Andalucía, señaló el representante socialista, quien detalló que en este momento existen 1.055 millones de euros de ahorradores andaluces por recuperar todavía. Algunas asociaciones de consumidores elevan el número de perjudicados hasta las 60.000 personas en la comunidad autónoma.

Según explicó el diputado socialista, se trata de una "estafa masiva" que ha ocasionado un "grave daño" a la credibilidad del sistema financiero no sólo entre los ahorradores sino también en los propios mercados de crédito internacional. "Estamos ante un auténtico escándalo, donde los afectados son sobre todo personas mayores y jubilados", recordó Martínez Olmos.

El diputado socialista se refirió además a las "injustas" medidas que al respecto está llevando a cabo el Gobierno central, que, a su juicio, ha actuado "a espaldas de los preferentistas y en contra de sus intereses". De hecho, recalcó que el Real Decreto-Ley sobre preferentes promulgado por el Ejecutivo de Rajoy permitirá que muchos ahorradores puedan perder hasta el 80% del dinero que depositaron en un sistema que creían de plazo fijo.

EL Gobierno plantea el canje obligatorio de las preferentes y de la deuda subordinada por acciones de los bancos con una quita también obligatoria de la cantidad que la entidad adeuda, que en algunos casos asciende hasta el 60% del total de los ahorros, según indicó el diputado socialista. Además, establece un canje por acciones del banco, esto es, los ahorradores se convierten en accionistas de los bancos que les estafaron, "algo inédito", advirtió. El canje de las acciones en el mercado varía si se trata de estafados por Bankia, donde los ahorradores pueden vender sus acciones en la Bolsa, donde han caído a un valor "ridículo"; si se trata de clientes del resto de entidades como Novagalicia, pueden canjear las acciones en el Fondo de Garantía de Depósitos a un precio tasado también parecido al del mercado.

"El Gobierno obliga a estos ahorradores a perder una buena parte de los ahorros que les estafaron", denunció Martínez Olmos, quien también recordó que se puede solicitar en paralelo un arbitraje que supone renunciar a la vía judicial. Los afectados se encuentran así atrapados en una decisión que les obliga a perder en muchos casos hasta el 80% de sus ahorros.