Granada

El PP alerta de que el decreto contra la exclusión colapsará a los municipios

  • Granada ha recibido ya más de 400.000 solicitudes y Motril unas 1.500 para acogerse a las medidas de este plan

Un día después de la firma en Granada de ocho convenios entre la Junta de Andalucía, la Diputación y varios ayuntamientos para sumarse al decreto autonómico contra la exclusión social, el PP ha cargado sus críticas contra este plan y su desarrollo. La parlamentaria andaluza, Marifrán Carazo, junto a los concejales de Bienestar y Familia de Motril y Granada, Ángeles López y Fernando Egea, respectivamente, valoraron ayer negativamente una medida que consideran "improvisada y ambigua". Los tres coinciden en subrayar el "colapso" que la normativa, aprobada hace dos meses, está provocando en la administración local y los servicios sociales de los municipios.

Marifrán Carazo recordó que los ayuntamientos adheridos a este decreto, que se repartirán un total de 430.000 euros entre aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, ejecutarán más del 50% de los puntos del plan. Un hecho que supone dificultades añadidas, tanto económicas como de administración y personal, pues la medida "está complicando a los ayuntamientos de nuestra provincia".

"Exigimos un plan de exclusión social serio, riguroso, con medidas sociales pero también de empleo. No necesitamos medidas transitorias para atajar la situación de exclusión social y desempleo que atraviesan miles de familias granadinas", espetó Carazo, a lo que Ángeles López anexó la preocupación de los consistorios, "asfixiados" por la acumulación de trabajo ante las numerosas peticiones de información que cada día se recogen en administraciones como la de Motril. "Hubiésemos preferido, como Ayuntamiento, que la Junta de Andalucía hubiese destinado ese dinero a reforzar los servicios que ya veníamos prestando, que se hubiesen ejecutado todas esas solicitudes de ayuda a la Dependencia o de salarios sociales que aún hay esperando", expresó la concejal de Motril. En este sentido, Egea recordó la reducción de ayudas que la Junta está acometiendo en otros apartados sociales para hacer frente a este decreto, entre ellas las de las zonas de transformación social que han sufrido una reducción de más de un 50% en los últimos dos años.

Los tres resaltaron las numerosas peticiones de familias que se han querido acoger a esta medida preventiva. En concreto, más de 400.000 solicitudes solo en la ciudad de Granada y unas 1.500 en Motril. Las que reúnan los requisitos, y en consecuencia, sean admitidas, requerirán un informe social de contratación o de ayuda a domicilio, según se requiera, que deberán hacer el mismo personal administrativo municipal que se ha venido encargando de tales efectos en los últimos años, una plantilla que se desborda ante la avalancha de ciudadanos que acuden cada día a los Ayuntamientos.

Los tres miembros del PP exigieron a la Junta el abono inmediato de la financiación, de la que, expresaron, no han visto "ni un euro". Además, criticaron que los contratos que contempla el decreto de la Junta no superen los 1.000 euros, incluyendo seguros sociales. Fernando Egea puntualizó, asimismo, el hecho de que el decreto contra la exclusión social no contemple cantidad alguna para equipar a los trabajadores y para dotarles del material.

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