La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz (PSOE), y su antecesor en el cargo, Víctor Sánchez (PSOE), por presuntas irregularidades en la concesión de licencias de primera ocupación en la urbanización Medina Elvira.

En su escrito de acusación, la Fiscalía les atribuye la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística del que también acusa a los entonces arquitecto y secretario municipales, para los que solicita la misma pena. También están acusados tres representantes empresariales que se enfrentan a una petición de la Fiscalía, cada uno de ellos, de seis años de cárcel y multa de 14.400 euros.

En su escrito de acusación, la Fiscalía lo acusaba de conceder las licencias de primera ocupación aún sabiendo que las viviendas carecían de servicios básicos como la evacuación de aguas residuales. Al respecto, el alcalde aseguró que, aunque no estuviera hecha la conexión exterior de la urbanización, las obras estaban "garantizadas" porque obligó a los promotores a poner los avales necesarios para concluir las mismas, que ya están acabadas. Además recogían las aguas residuales y se retiraban a un punto de vertidos controlados, lo que es "perfectamente legal".

Según la Fiscalía, "incumplieron consciente y deliberadamente" la normativa. Todas las actuaciones se llevaron además a cabo con el conocimiento y consentimiento del secretario municipal, que, "faltando a su deber de velar por el cumplimiento de la legalidad permitió la vulneración de la normativa urbanística", al no advertir de la ilegalidad de la actuación, omitiendo sus obligaciones.

A los tres representantes empresariales se les acusa de vender los pisos del complejo residencial, aún siendo "plenamente conscientes" de la situación en la que se encontraban las viviendas (sin que estuvieran ejecutadas las obras de saneamiento y sin los servicios necesarios). Esta circunstancia ocasionó un "grave perjuicio" a los compradores, que vieron cómo sus viviendas resultaban inhabitables al no disponer ni tan siquiera de agua.

En total fueron concedidas de forma supuestamente irregular siete licencias de primera ocupación a sociedades titulares de unas promociones de viviendas plurifamiliares, que suman 588 casas, y de un centro docente del mismo sector residencial.

El alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz, defendió ayer su actuación y se mostró convencido de que el asunto "quedará en nada". Asimismo, declaró que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" en este asunto, que partió, dijo, de una denuncia por "motivos políticos" coincidiendo con las elecciones municipales, y aseguró que la actuación fue necesaria.