El 5,5% de los 15.253 alumnos que obtuvieron beca el año pasado en la Universidad de Granada (UGR) tendrán que devolver las ayudas ya cobradas por no haber aprobado al menos la mitad de las asignaturas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) que dirige José Ignacio Wert introdujo en una resolución de 2 de agosto de 2012 un cambio sustancial en la política de becas al contemplar que quienes no superen la mitad de los créditos matriculados tendrán que reintegrar el dinero percibido, una medida que en su momento fue muy criticada, sobre todo por el colectivo de estudiantes. Una vez concluido el curso 2012/2013, tras los últimos exámenes de septiembre, en la Universidad de Granada hay 850 estudiantes que no han alcanzado esos requisitos académicos y que, por tanto, están obligados a devolver el dinero que percibieron en concepto de beca para estudios postobligatorios, según datos aportados por la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada, Rosa María García.

Hasta ahora la cifra de estudiantes que tenían que devolver el dinero de la beca era mínimo y se trataba generalmente de alumnos que por diferentes motivos abandonaban los estudios universitarios, ya que hasta el curso 2011/2012 la norma establecía que únicamente estaban abocados a perder con carácter retroactivo la beca quienes no se presentaran a a los exámenes de un tercio de los créditos. Ni siquiera era necesario aprobar.

Ante la constatación de cómo afecta al alumnado el cambio en las condiciones, las universidades han empezado a mover ficha para intentar presionar al Ministerio de Educación y reducir el porcentaje de alumnos obligados a devolver sumas de dinero ya cobradas. En cualquier caso, son las universidades las encargadas de realizar los trámites para que se devuelva el dinero al Ministerio y si el departamento que dirige José Ignacio Wert no da marcha atrás empezarán a continuación a notificar la revocación de las ayudas. Los estudiantes más afectados por la actual política de becas del Ministerio de Educación son los que proceden de familias con menos recursos. De hecho, las becas que cubren el coste de las tasas académicas no se tienen que reintegrar. Así, los más perjudicados son quienes percibieron ayudas de movilidad, por tener que abandonar la residencia paterna para estudiar, o beca salario, por proceder de familias de muy bajos ingresos. Se da la circunstancia, además, de que esos son los estudiantes sujetos a más condiciones académicas y económicas para poder acceder a las ayudas. Por ejemplo, la beca más cuantiosa a la que se podía acceder el curso pasado ascendía a 6.000 euros (por los conceptos de residencia y salario). A esa suma podían aspirar aquellos estudiantes que acreditaran unos ingresos económicos familiares que, para una familia de cuatro miembros, debían estar por debajo de los 13.900 euros y que el curso anterior hubiesen aprobado entre el 65%, 80% y 90% de las materias dependiendo de si seguían carreras técnicas, ciencias o humanidades y ciencias sociales y jurídicas. Estas eran las condiciones de entrada para conseguir las ayudas. El segundo requisito era de salida, puesto que si no aprobaban al menos la mitad y el alumno está obligado a matricularse en 60 créditos (un curso completo) la beca sería revocada y se vería en la obligación de devolver el dinero. La mayor parte de estos criterios se han endurecido aún más para el curso actual (2013/2014). Mientras que los umbrales de renta para lograr ayudas se mantienen, el alumno tiene que haber aprobado todas las asignaturas o tener un 6,5 de nota media y haber superado al menos el 90% de la materia en humanidades y ciencias sociales y jurídicas, un 80% en ciencias y el 65% en las carreras técnicas. También tendrán que devolver lo recibido quienes no aprueben la mitad de los créditos durante el curso para el que obtienen la ayuda.

En cuanto a la tasa de devoluciones de becas, a nivel andaluz la de Granada es de las que menos alumnos afectados tiene. La que menor porcentaje de becarios obligados a pagar es la Pablo de Olavide (2,5%) y la que más la de Sevilla, donde once de cada cien beneficiarios se ven afectados por la normativa.