La Junta de Andalucía ofreció el pasado martes al Ayuntamiento de Granada su programa de Rehabilitación de Viviendas para atajar los problemas existentes en las cuevas de San Miguel. Sin embargo, un día después del ofrecimiento, el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, indicó que no han obtenido respuesta.

La preocupación de la Junta de Andalucía sobre el futuro incierto de los ocupantes de estas cuevas fue lo que les llevó a enviar un comunicado al Consistorio para, por un lado, ofrecer las herramientas existentes para la rehabilitación, pero también, para informarse sobre si han previsto algún tipo de intervención social con las personas afectadas. "Queremos saber qué planteamiento tienen a la hora de realojar a las familias porque además sabemos que hay menores. También si está clara la propiedad de las cuevas y del entorno", indicó Morales, a la vez que se mostró a favor de analizar cueva por cueva la titularidad de las mismas y la situación individual de los inquilinos que residen en ellas para intervenir según las necesidades.

"No hemos dicho nada que no sepan. Simplemente les hemos ofrecido nuestra ayuda de cara a la rehabilitación de estas cuevas, tal y como se ha venido haciendo con otros ayuntamientos de la provincia", recalcó Morales, que mostró cierta inquietud por el futuro incierto de los ocupantes.

Quienes también manifestaron su preocupación por este asunto fueron los grupos municipales de oposición que, a lo largo del día, ofrecieron una batalla de declaraciones contrarias al Ayuntamiento. El primero en hablar fue el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, que lanzó una pregunta al PP para conocer sus "verdaderas intenciones" en este entorno que, a su juicio, debe ser regulado para que no se deje a ninguna persona en la calle. "Espero que no pretendan hacer ningún tipo de desarrollo urbanístico y que se garantice que no se deje a ninguna persona literalmente en la calle", dijo Cuenca en este sentido.

Del mismo modo, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Paco Puentedura, exigió al gobierno municipal que paralice el desalojo y la demolición de las cuevas de San Miguel hasta que no se garanticen todas las medidas de intervención social y garantías jurídicas de sus moradores. Asimismo, insinuó nuevamente que las verdaderas intenciones del PP en el cerro de San Miguel, "están enfocadas a la creación de un espacio turístico con un mirador con restaurante y varios alojamientos rurales" o lo que es lo mismo: "Un nuevo pelotazo urbanístico en la ciudad".

Por todo ello, el edil de IU pidió que se acometa un plan integral para la recuperación y protección arqueológica y paisajística del Cerro de San Miguel y para la rehabilitación de las cuevas, garantizando las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad de sus vecinos.

Por su parte, la edil de UPyD en el Ayuntamiento de Granada, Mayte Olalla, se sumó a la preocupación por el futuro de estas cuevas, aunque eso sí, reconoció que es "un tema bastante complicado". Aunque la edil entiende que no se puede dejar a nadie sin techo, indicó que la Constitución "dice que tenemos derecho a una vivienda digna y creo que vivir en una cueva no es una solución para nadie".

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Granada anunció que están dispuestos a recurrir a otras instancias para que las cuevas sean abandonadas. Según palabras de la concejal del Movilidad del Ayuntamiento de Granada, Telesfora Ruiz, dado que los moradores no han abandonado las cuevas a pesar de que se les informó por vía administrativa de que debían hacerlo en un plazo de ocho días, Urbanismo "recurrirá a otras instancias para que se produzca el desalojo". Asimismo, insistió en que el pasado martes no estaba previsto un desalojo a la fuerza, si no que simplemente se cumplió el plazo administrativo que el Ayuntamiento había dado para que los ocupantes abandonaran de forma voluntaria estas cuevas declaradas por un decreto municipal en ruina inminente.