La ejecutiva local del PP de Atarfe ha presentado su dimisión en bloque ante los órganos competentes del partido a nivel provincial, por considerar que ya ha caducado "de sobra" el plazo para que se resolviera el expediente abierto en su momento contra dos ediles del partido en la localidad. Las dos concejales estaban implicadas en un caso de desobediencia al partido, por lo que la ejecutiva provincial decidió incoar el correspondiente expediente, paso previo a su expulsión. En su momento, el propio Sebastián Pérez declaró que el caso "ya está en Sevilla", aludiendo a que el partido había movido ficha con rapidez para evitar posibles dimisiones en el seno del grupo local. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario manifiestan que dicho expediente "no ha salido de la sede del PP de Granada" y que incluso "se han dado órdenes para que no siguiera adelante, que se quedara paralizado", al objeto de promover un acercamiento entre todos los ediles para alcanzar un acuerdo de consenso.

Al contrario de lo propuesto por el partido, el comité local ha decidido dimitir en bloque "ante el reiterado inmovilismo de la directiva provincial, que no ha hecho nada por expulsar a dos ediles que realizan actos contrarios al partido y votan favorablemente propuestas de otros grupos políticos en iniciativas en las que nuestro partido no está a favor", además de incidir en que una de las dos expedientadas es la pareja de un empresario involucrado, presuntamente, en el famoso caso "Mercamed" así como en posibles financiaciones ilegales del partido.

El hasta ahora presidente y portavoz, José Manuel Aranda, anunció en el primer trimestre del año que presentarían su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales en el partido, incluida su acta en la corporación, al asegurar que no podían "soportar más" sentarse con personas presuntamente relacionadas con la corrupción. Sin embargo según se ha podido confirmar de fuentes cercanas a la ejecutiva local las dimisiones solo afectarían por el momento a los cargos orgánicos del partido y no a los institucionales, por lo que se intuye que Aranda y el resto de concejales continuarán manteniendo las actas de concejal. Una situación que se verá agravada al mantenerse la guerra abierta entre las dos concejales objetos en su día de la apertura del expediente disciplinario y el resto de concejales.

La ruptura de la disciplina de voto hasta en cuatro ocasiones fue uno de los detonantes del primer "amago" de dimisión de Aranda y el resto del grupo, pero tal huida se paró con la promesa de dar salida al mencionado expediente. Ahora "no hay marcha atrás", aseguran los ediles, mientras que esperan que se clarifiquen, además, otros asuntos sobre posibles financiaciones del partido en poblaciones colindantes con Atarfe, donde "parece que hay muchos intereses en juego. Es probable que algunos diputados estén mirando más el rédito político que puedan sacar para renovar sus actas que el interés del ciudadano y del partido, que es lo que deberían mirar", ha declarado uno de los ediles del partido en la localidad atarfeña, lo que coincide con el actual punto de vista del partido a nivel provincial.

Según los indicadores actuales, la dirección del partido no ve con buenos ojos algunas actitudes en poblaciones del área metropolitana y pesa mucho la pérdida de varias alcaldías, como las de Cúllar o Armilla, mientras que en otras se intenta blindar a los concejales para que no ocurran casos que provoquen la pérdida de plazas importantes.

En la sede popular sigue doliendo que se perdiera una plaza como Armilla por el mero hecho de contratar a un familiar para un puesto de trabajo, por lo que se espera que no aparezcan más casos similares a éste hasta las próximas elecciones.