El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital será, en principio, el órgano que instruya el denominado 'caso Serrallo', abierto a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra la cúpula técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y un promotor, por presuntas irregularidades en el cambio de uso de una parcela aledaña al Centro Comercial Serallo Plaza.

Según informaron fuentes del proceso a este diario, el expediente de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía ya ha aterrizado en el órgano judicial, que habrá de determinar ahora si se cometieron las presuntas irregularidades apreciadas en los trámites urbanísticos que permitieron que se destinase el referido solar a una discoteca-sala de fiestas y a una pista de patinaje con bar, en lugar de a un parque de atracciones infantil.

Las mismas fuentes indicaron que lo primero que ha hecho el juzgado ha sido pedir a la Fiscalía copias del expediente para dar traslado a todas las partes implicadas. Lo normal sería que una vez estén formalmente incoadas las diligencias previas, la magistrada citase a declarar a los denunciados como imputados, aunque como advirtieron las fuentes, también cabría la posibilidad de que el asunto fuese archivado,

La causa judicial se abre después de que el Ministerio Fiscal apreciase "indicios racionales" de una posible prevaricación urbanística o común en la conducta de los cinco altos cargos municipales de Urbanismo que intervinieron en la operación, así como de la perpetración de un delito contra la ordenación del territorio por parte del empresario que construyó la discoteca-sala de fiestas, García Arrabal.

En su denuncia, el fiscal consideró que se modificaron indebidamente los usos de esos suelos, contraviniendo lo establecido en el PGOU. Sobre el papel jugado en este asunto por el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), el Ministerio Público no apreció "datos" contra él, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo".

Por su parte, tras tener conocimiento de la denuncia penal de la Fiscalía, la empresa de Roberto García Arrabal, Inversiones Área Sur, que es la promotora de la referida actuación urbanística, defendió la legalidad de la misma.

Entre los técnicos denunciados, figura el que fuera en su día número dos del área, Manuel Lorente Sánchez- Palencia, que ahora es director Técnico de Obras. El resto son el director general de Licencias; el arquitecto jefe del Servicio; la actual directora general de Urbanismo; y el coordinador del Área de Urbanismo y Obras.

La Fiscalía apreció la supuesta prevaricación en "la aprobación de las licencias" y "el proyecto de urbanización realizado por la Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento de Granada", así como en supuestos informes favorables emitidos, "contrarios a la normativa urbanística".

El Ministerio Fiscal comenzó a investigar estas supuestas irregularidades en julio de 2013, a raíz de una denuncia de un particular, que sospechaba que se podía haber producido una apropiación de suelo de espacios libres para usos lucrativos en aquella zona.