Granada

El recurso de Aznalcóllar no afectará a la reapertura de las Minas de Alquife

  • El delegado de Economía explica que correría peligro si la explotación se sacara a concurso La empresa sigue buscando dónde llevar el hierro

La reapertura de las Minas de Alquife no peligra. Al menos de momento. Después de que el Gobierno central haya paralizado la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), muchos se han preguntado si podría pasar lo mismo en la localidad granadina. Sin embargo, según afirmó ayer el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio González Aparicio, la situación de Alquife es diferente. Aquí no se saca a concurso la explotación de las minas puesto que las acciones han sido adquiridas por una empresa en un 96% por lo que a priori no estarían afectadas por el recurso.

Fue el pasado 14 de marzo cuando Sevilla conoció la noticia. El Gobierno paralizó la reapertura de la mina de Aznalcóllar mediante la presentación de un recurso aprobado por el Consejo de Ministros y apoyado en la ley de minas de 1973 que afirma que las competencias en materia de minería son del Estado y no de las comunidades autónomas. Una decisión que ha sido vista por el gobierno andaluz como "traición" mientras que para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se trata de un mero trámite para "asegurar sus competencias administrativas y las garantías ambientales, y no para paralizar este proyecto". De hecho, el ministro aseguró que el Gobierno central también desea la reapertura de las minas aunque eso sí, siempre que cumpla con todas las garantías jurídicas, legales, de competencias, pero sobre todo, ambientales.

Un debate de tira y afloja entre el PP y el PSOE que se produce cuando se cumplen dieciséis años de uno de los mayores desastre medioambientales de la historia de España cuando un dique de contención de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar reventó impregnando de lodo con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados su entorno y que fueron a parar al río Agrio y poniendo en peligro el Parque de Doñana.

Con la llegada de Susana Díaz a la Junta de Andalucía, el ejecutivo autonómico ha emprendido una auténtica apuesta por el sector de la minería en todas las provincias. En Granada por ejemplo, además de estar a favor de la reapertura de Alquife, ha sacado a concurso la mayor batería de concesiones mineras después de liberalizar un centenar de registros mineros con objeto de reactivar el sector como yacimiento de empleo.

Un concurso del que todavía no se pueden sacar conclusiones, pues tal y como explicó ayer Aparicio, todavía esta abierto por lo que no conocen el número de solicitudes. En total se trata de 106 permisos de investigación y tres concesiones de explotación directa que se concede por 30 años con un máximo de 90. Estas concesiones están repartidas en 79 municipios granadinos como Iznalloz, Orce, Huéscar, Otura, Loja, Montillana o Lanjarón con recursos como dolomías, calizas, ofitas y mármoles, entre otros.

Por otro lado, Aparicio, relató que la reapertura de las minas de Alquife sigue en marcha. La compañía holandesa Minas de Alquife S. L. anunció el pasado mes de diciembre el adelanto de la reapertura que, prevista para finales de 2015, finalmente se fijó para diciembre de 2014, un año antes.

Uno de los trámites pendientes se corresponde con el informe medioambiental de la Junta de Andalucía, imposible de redactar mientras el gigante holandés no decida donde va a llevar el mineral extraído de la explotación. Según palabras de Aparicio, la empresa todavía no se ha decidido. En un principio Almería estaba descartado, pues el Ayuntamiento se negó a recibir el hierro en su puerto. También se habló de la instalación de un silo en Gádor, pero todavía está por confirmar pues la empresa está concretando el destino del mineral con Puertos del Estado. Pese a todo, y aunque la Junta no ve peligro en la reapertura de Alquife, que se estima que generará más de 1.500 empleos, Aparicio reconoce que con el Gobierno central nunca se sabe, pues todavía puede encontrar un decreto "del siglo XIX" que no esté derogado para entrar de nuevo en polémica.

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