En la explanada del Cerro de San Miguel, casi en el techo de la capital, el panorama urbano no es igual al predominante en la mayoría del suelo de Granada. Los edificios son reemplazados por montañas y la altura permite ver el horizonte de las cordilleras que rodean a la ciudad de la Alhambra, convirtiéndola en una sartén patrimonial dominada por Sierra Nevada. Justo al lado de la ermita está el mirador, y por debajo las casas-cueva que el pasado jueves fueron desalojadas por los antidisturbios de la Policía Local de Granada. Algunos se han reacomodado en tiendas de campaña, algún otro duerme en un saco que cuelga de dos árboles a siete u ocho metros. Y la mayoría reconstruye sus chozas y saca los escombros producidos por el desalojo.

"No nos vamos a rendir. Si vuelve a venir la Policía volveremos a reconstruir nuestras cuevas, y así hasta que se cansen", asegura uno de los desalojados. Este hombre, que prefiere no desvelar su identidad, cuenta cómo, repentinamente, las máquinas ocuparon la porción de tierra que cubre los tejados de las construcciones. "Los policías sólo cumplen órdenes, pero lo que no entendemos es la postura del Ayuntamiento", agrega.

Este afectado asegura que, tanto él como el resto de inquilinos dispusieron de un periodo para presentar un informe de peritaje que les diera la razón. "El problema es que no teníamos dinero", aduce.

Ahora, según cuenta otro de los ocupantes, un equipo de arquitectos y otro de abogados de Madrid se han puesto en contacto para apoyarles. Junto a ellos, la Asociación Democracia y Derecho de Granada y otro colectivo de letrados situado en Barcelona. Este segundo ocupante, que tampoco quiere revelar su identidad, va más allá. Según cuenta, uno de los puntos más polémicos del desalojo es la falta de un marco legal que lo ampare. "Hay una normativa de la Junta de Andalucía que impide este tipo de actuaciones por ser un espacio de protección patrimonial y arqueológica", asevera. Y es que los okupas denuncian el hecho de que tampoco exista una orden judicial que dé validez al proceso.

Este periódico se puso ayer en contacto tanto con la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, como con el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales. Así como con Paco Puentedura, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada.

Nieto mostró su disgusto por la falta de "valor que estas personas (por los okupas) le dan a la ciudad". "Este no es un sitio habilitado para la residencia", apuntó, para continuar definiendo como "una guerra" la hipotética situación que se generaría "si aquí cada uno nos instalásemos donde nos diera la gana". Por último criticó que Izquierda Unida pida realojar a los inquilinos  cuando muchos "ni siquiera tienen permiso de residencia en España". La concejal adujo que desde el Consistorio sólo se hace caso a los informes elaborados por los funcionarios del Ayuntamiento. "Únicamente velamos por la seguridad de las personas, pues esos informes reflejan que hay una situación de ruina física inminente", apuntó la edil, quien además señaló que, para actuar allí, el equipo de gobierno tiene que recibir el pertinente permiso judicial. "Recibimos varios permisos judiciales, ya que todas las cuevas no están en la misma situación. Además, para ejecutar una obra tiene que autorizarte la Consejería de Cultura, después de que eso sucediese hubo una reunión de la Junta de Gobierno Local para adjudicarla", apostilló la concejal.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Paco Puentedura, explicó que "la Junta hizo un informe en el que se detallaba la situación de peligro en la que están las cuevas". Puentedura aseguró que, entre otras cosas, ese dossier especificaba la necesidad de tapiar las grutas y construir respiraderos en ellas. El portavoz de la formación izquierdista confirmó también que su grupo está preparando un escrito de denuncia ante la Fiscalía por el desalojo.Por su parte, Manuel Morales explicó que la Junta se puso en contacto con el Ayuntamiento para remitirle la necesidad de rehabilitar la zona del Cerro de San Miguel. El delegado calificó la actuación del equipo de gobierno de "disparate auténtico" y "torpe". "El Ayuntamiento debería ofrecer una vivienda a los inquilinos. No me vale que digan que no son de aquí, porque algunos compraron su cueva. Otros no lo hicieron pero le dieron uso a algunas de ellas que estaban deshabitadas. En tercer lugar, muchos de los inquilinos están censados en Granada. ¿Cómo es posible que se cense a alguien en un lugar y luego no se le deje vivir? El Ayuntamiento tiene 44 inmuebles vacíos en la ciudad, y el de la vivienda es un derecho básico", matizó finalmente.

Según Isabel Nieto, el hecho de que haya gente empadronada en Granada que no obtenga realojo radica en el hecho de que el empadronamiento no incluye el permiso de residencia. "Uno puede estar empadronado en un banco de la calle o debajo de un puente", ejemplificó. El choque de trenes entre las administraciones a colación del Cerro de San Miguel no hace sino alargar aún más un proceso que empezó hace ya siete años. En medio, los inquilinos; que aseguran sentirse con fuerzas para empezar una y otra vez si el Ayuntamiento insiste en desalojarlos. Parece que aún queda mucha tela que cortar.