El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido cautelarmente la Ordenanza Municipal de Edificación (OME) aprobada por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2013. En esencia, se trataba de un conjunto de medidas que pretendían regular de forma más liviana todo lo relacionado con las edificaciones de la capital, ya fuesen arreglos o construcciones nuevas. Justo después del 'ok', el Gobierno autonómico recurrió y, al poco tiempo, el grupo municipal de Izquierda Unida presentó alegaciones. Consideraban que actuaba al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que sólo se trataba de una excusa para acometer el levantamiento de inmuebles de forma poco legítima. Un plan para "modificar encubiertamente el planeamiento urbanístico de la ciudad". Ahora, el tribunal deja en "suspenso" el acuerdo del 24 de mayo de hace un año.

El auto, al que ha accedido Granada Hoy, señala que se suspende cautelarmente la ordenanza pues, de lo contrario, el recurso contencioso administrativo presentado por la Junta "podría perder su finalidad" debido a que los "actos de ejecución" y la "modificación del entorno físico" generarían "daños de imposible o difícil" reparación si, en última instancia, se optase por la nulidad de esta medida municipal. O lo que es lo mismo, ni prohibe la nueva ordenanza ni permite su operatividad. La deja en 'stand-by'.

A pesar de que la resolución no es definitiva -existe la posibilidad de un Recurso de Reposición-, la respuesta es vista desde IU como una auténtica victoria. "Se le acaban las tretas y manejos al Gobierno municipal del PP para ir tapando sus irregularidades urbanísticas y, en especial, las de las zona de ocio del Serrallo Plaza, por las que los responsables políticos de Urbanismo en Granada han sido denunciados por la Fiscalía", declaró su líder en la casa consistorial, Francisco Puentedura. "La Justicia nos da la razón".

De acuerdo con sus palabras, el PP pretendía "alterar usos y condiciones de edificabilidad", en contra de lo que define el PGOU. "Era una ordenanza realizada para tapar todos los pufos urbanísticos del PP en Granada, pero este auto judicial deja claro que dichos pufos no son legalizables y, por tanto, las irregularidades urbanísticas que la edil de Urbanismo y el alcalde han consentido en estos últimos años van a ir saliendo a la luz", puntualizó Puentedura.