Luis Gerardo García-Royo, el ex concejal popular de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada acusado de presunta prevaricación en el Plan Parcial del Cerrillo de Maracena en el que se proyectó el nunca materializado Palacio de Hielo de Granada, negó que haya existido "una trama" y se escudó en la actuación de sus técnicos para defenderse en la primera sesión del juicio que comenzó ayer por este asunto en la Audiencia granadina. La operación se gestionó, según dijo, con "claridad" y "transparencia".

La causa, en la que se sospecha que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se sigue contra él y contra otras siete personas. Entre sus compañeros de banquillo figuran otros miembros de la entonces cúpula de la Gerencia de Urbanismo y promotores de la ciudad, como José Julián Romero.

'Nino' García-Royo -así se le conoce en el ámbito político- aseguró que no le correspondía a él la llevanza de aquel expediente, sino a los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, motivo por el que dijo desconocer las distintas modificaciones y tramitaciones que fue siguiendo el procedimiento. Sí tuvo conocimiento, no obstante, de que el expediente "necesitó y requirió de varias observaciones por parte de los técnicos" durante el proceso.

A lo largo de su interrogatorio, el ex edil alegó en varias ocasiones que sus conocimientos urbanísticos no le permitían descender a determinados extremos, una justificación que, en un momento dado y ante la especificidad de algunas preguntas, fue avalada por el tribunal juzgador -Sección Segunda-, cuyo presidente recordó que "para ser concejal de Urbanismo no hace falta ser técnico urbanista".

Durante su declaración, el ex concejal -que lo fue durante el primer mandato de José Torres Hurtado, entre el 14 de junio de 2003 y el 15 de junio de 2007- aseveró que no participó en las negociaciones del convenio de 2005 que lo ha llevado ante la Justicia y por el que se enfrenta a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Es más, negó haberse reunido con los promotores implicados.

Explicó que cuando se produjo el relevo en el equipo de Gobierno en el Consistorio granadino tras ganar las elecciones Torres Hurtado, se celebró una reunión con el anterior concejal de Urbanismo, Francisco Ruiz Dávila (PSOE), "para que se produjera el traspaso de poderes" y se abordaran los asuntos urbanísticos "pendientes".

García-Royo acudió a ese encuentro, "y entre los temas pendientes -precisó- se encontraba ese expediente", facilitándole Ruiz Dávila un borrador del convenio. En ese documento, según resaltó, ya figuraba una cláusula "coincidente" con la que luego se añadió al ser aprobado y que estaba dedicada a "los excesos de aprovechamientos no atribuibles a otros propietarios". Afirmó que dicha cláusula, según le dijeron los técnicos, se incluyó en el convenio "a petición de los promotores".

En este punto, el fiscal le preguntó si pese a contar con el borrador del convenio que le entregó el Gobierno saliente "no lo usó y cambió de modelo", un interrogante ante el que García-Royo ofreció esta respuesta: "Ni yo uso el modelo ni lo dejo de usar; son los técnicos de Urbanismo los que negocian". Además, dejó claro que él no decidía qué cláusulas iban o no, pues "mis conocimientos urbanísticos -insistió- no llegan a ese nivel".

El ex concejal subrayó asimismo que no aprobó "nada" de la parcelación de aquellos terrenos, sino que solo dictó "un acuerdo para iniciarla". Su defensa, de hecho, alegó en las cuestiones previas que no estuvo en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial y aportó su pasaporte para demostrar que en esas fechas se encontraba en Belgrado (Serbia).

Dentro del proyecto definitivo de parcelación, según las acusaciones que ejercen la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento se adjudicó terrenos pertenecientes al Estado y los transformó en unidades de aprovechamiento. El convenio se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y paralelamente se constituyó la Junta de Compensación sin convocar, según las acusaciones, ni al Ministerio de Fomento ni a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.

Sobre este punto, García Royo, recalcó que "el MOPU sabía perfectamente lo que allí se estaba haciendo", que "conocía la existencia del Plan Parcial", al tiempo que aclaró que supo de la existencia de un arroyo al que afectaba la operación urbanística al través del Ayuntamiento de Maracena, que había realizado un espacio público sobre parte de ese arroyo y se consideró oportuno someter el proyecto a información pública para que este municipio "pudiera alegar".

La vista, prevista inicialmente en octubre del pasado año en el Juzgado de lo Penal 6 y derivada a la Audiencia, se inició ayer y continúa mañana y los días 12, 13, 14 y 15. Entre los procesados también están el ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente, el promotor Manuel José Rodríguez Acosta -a quien el tribunal autorizó ayer poder ausentarse del juicio una vez declare dado que reside en Madrid-, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha. Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público.