Granada

La Ordenanza Cívica desplaza a las prostitutas a rotondas y pisos

  • Cinco años después de la entrada en vigor, la actividad se realiza principalmente en estos lugares sumados a los clubes Un antropólogo social de la UGR estudia el fenómeno desde el año 2000

El pasado mes de junio los inspectores de Hacienda plantearon al Gobierno central la posibilidad de legalizar la prostitución y las drogas blandas para reducir sus efectos adversos y aumentar los ingresos públicos. Sin embargo, el Estado y distintas asociaciones no quisieron entrar en un debate siempre polémico y que mantiene la actividad en un limbo alegal.

Aunque por razones éticas o morales se evite hablar sobre el tema, numerosos expertos afirman ya que legalizar la prostitución no solo revertiría de forma positiva en las arcas públicas, también aumentará los derechos de las prostitutas que ahora, al trabajar en un marco alegal, no tienen prestaciones tan básicas como la Seguridad Social o jubilación. En el lado opuesto también existen numerosas voces que afirman que la despenalización significará un "todo vale" en un mercado que nunca se ha caracterizado por ser transparente.

Legal, ilegal, alegal o no, lo cierto es que guste más o menos la prostitución existe, se da en las calles de grandes ciudades y pequeñas, en carreteras principales y secundarias e incluso, en la puerta de al lado, donde cuatro mujeres quizás estén ofreciendo ahora mismo sus servicios.

Una de las personas que mejor conoce la situación de la prostitución en Granada es el profesor de Antropología Social de la Universidad de Granada Francisco Jiménez. Este investigador estudia desde el año 2000 la prostitución en Granada y conoce a la perfección las características del sector. "En Granada hay entre 250 y 350 personas ejerciendo la prostitución", explica Jiménez, que mantiene contacto directo con Policía Nacional, Guardia Civil, asociaciones que trabajan con estas mujeres, o incluso, con las propias prostitutas. Estas meretrices se reparten entre los distintos clubes de alterne granadinos, pero también realizan su actividad en plena calle. En este sentido, Jiménez destaca que las personas que trabaja en espacios exteriores se han ido desplazando a lo largo de los últimos veinte años como consecuencia de diferentes presiones vecinales o de la propia administración local. Así, según relata, en los años ochenta se ejercía la prostitución frente a El Corte Inglés y el número de mujeres no era tan elevado. Tiempo después, y tras múltiples protestas vecinales se produjo un traslado al Paseo del Salón. A mediados de los noventa, según detalla Jiménez, "hubo un salto cualitativo, había demasiadas prostitutas por lo que se mudaron entre la carretera de Madrid, desde la Estación de Autobuses hasta el fondo". En esta zona, las mujeres se agrupaban por nacionalidades, "primero rumanas, después latinas, subsaharianas y en última instancia los travestis", destaca. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ordenanza Cívica promovida por el gobierno del PP en el año 2009, finalmente se mudaron a las rotondas de Pulianas y Atarfe. Lo que para Jiménez significa una "invisibilización". No se acaba con el problema sino que se lleva a otro lugar.

Ahora, cinco años después de la entrada en vigor de la norma ya se conocen las primeras consecuencias. La actividad ha seguido en los distintos clubes de alterne granadinos así como en estas zonas de paso masculino pero también se ha expandido a pisos en pleno centro de Granada donde estas mujeres ofrecen sus servicios. El principal problema en estos casos son los vecinos, que no siempre están de acuerdo con tener cerca este tipo de actividad que provoca trajín de personas a altas horas de la madrugada por los barrios, o incluso, despertares a media noche, como consecuencia de equivocaciones a la hora de llamar a los porteros automáticos.

"En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento no permite que haya dos clubes a menos de 500 metros", destaca Jiménez. Por eso, para él, lo ideal sería que España se acogiese al modelo "alemán" o al inglés cuyas prostitutas se unen en pequeñas cooperativas pero también que lo hiciesen de forma regular pagando sus pertinentes impuestos. "Legalizar la prostitución supondría un incremento de la economía del 4,5%, pero además permitiría incluir a más de 300.000 personas en la Seguridad Social que son las que ejercen en España", afirma el antropólogo.

Para él, además, lo lógico sería que todos los países que se encuentran en la Unión Europea se plantearan la misma norma, aunque de momento lo ve imposible, dadas las diferentes éticas sobre las que se rige cada gobierno. En este sentido, Jiménez matiza que más permisibilidad podría reducir, incluso, la actividad pues según su opinión las personas se mueven más por "actividades prohibitivas y si se permite perderá parte de su atractivo".

Sin embargo, numerosas asociaciones no tienen tan claro los beneficios de legalizar la actividad. Entre otras razones por la delictiva actividad de las mafias que traen mujeres engañadas a España para trabajar en estos negocios. No obstante, según Jiménez, en su investigación también ha descubierto que numerosas mujeres eligen esta profesión para conseguir dinero rápido aunque tampoco se puede obviar que existen cientos de personas obligadas a trabajar como prostitutas.

Otro dato que sorprende en Granada ocurrido en los últimos tres años es el aumento del número de mujeres españolas que se dedican a la prostitución. El pasado mes de mayo, el concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Granada Fernando Egea afirmó que la crisis ha aumentado el número de españolas que ofrecen sus servicio en un 44%.

La mayoría, según Egea, ejerce en pisos o clubes de alterne por lo que se ha reducido el número de personas que trabaja en la calle. En este sentido cabe destacar que el Ayuntamiento de Granada trabaja de forma conjunta con la Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Cáritas y la Fundación Amaranta para prestar atención a estas mujeres, y si es necesario, sacarlas de situaciones de explotación.

Por otra parte, el edil dijo que ha disminuido la recaudación por multas. En concreto, en 2013 fue de 5.030 euros. Una cuantía que se invirtió en las distintas actuaciones que las asociaciones y organizaciones realizan para mejorar la calidad de vida de estas mujeres y les entregan preservativos, información sobre salud sexual y medios de prevención así como apoyo moral y psicológico.

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