Granada

Lorente dimitió unos días antes de tener que declarar sus bienes

  • El subdirector de obras dejó su puesto como gerente de Urbanismo el 11 de febrero; al no ser ya un "órgano directivo municipal", no se pueden consultar sus propiedades

Cuando Manuel Lorente anunció el pasado 11 de febrero que dejaba de ser gerente de Urbanismo apeló al "cansancio" para abandonar su puesto directivo. Su marcha sin embargo, se produjo sospechosamente apenas quince días antes de que la ley le obligara a él, y a otros tantos órganos directivos municipales, a presentar su declaración de bienes patrimoniales. Ayer, la secretaria general del Ayuntamiento de Granada desestimó la primera petición ciudadana para acceder a dicha declaración de bienes a través del registro.

La negativa está argumentada de la siguiente manera: "El señor Lorente no tiene el carácter de órgano directivo municipal al haber renunciado a su puesto en febrero de 2008, con anterioridad por tanto a la entrada en vigor del Reglamento Orgánico Municipal". Dicho reglamento traía al Ayuntamiento las exigencias de la Ley del Suelo, que hablaban de la necesidad de fomentar la transparencia en el patrimonio de los cargos públicos.

La declaración de bienes del ahora subdirector de obras e infraestructuras ha sido especialmente esperada por los miembros de la oposición después de que el presidente del Granada 74, Carlos Marsá, lo denunciara por presunto delito de cohecho y trato de favor al promotor José Julián Romero.

La aprobación del Reglamento Orgánico Municipal no tuvo el camino fácil para salir adelante. A finales de diciembre, el pleno decidió que se hicieran públicos los bienes de los concejales y cargos de confianza, pero la polémica no tardó en saltar al no ponerse de acuerdo los grupos políticos en la forma de dar publicidad a este tipo de información. Mientras que el PP propuso que la consulta se realizara de forma justificada y a través del registro, los grupos de la oposición opinaron que sería más apropiado publicar los datos en internet. Al final se acordó que la consulta se hiciera a través del registro pero sin necesidad de que el ciudadano justificara por escrito su interés.

Superado este bache, y tras la aprobación inicial del documento, hubo que esperar a que el texto se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por aquel entonces (primeros días de febrero) los partidos se dieron cuenta de que era necesario abrir un periodo de alegaciones para que los casi 30 cargos de confianza del Ayuntamiento tuvieran la oportunidad de expresar su disconformidad con este procedimiento. El proceso se había prorrogado tanto que para entonces Lorente ya había dimitido de su cargo.

Los trámites siguieron su curso y, finalmente, fue en el pleno del pasado mes de mayo cuando se llevó a cabo la aprobación definitiva del nuevo reglamento, obligando a la secretaría del Ayuntamiento a enseñar a cualquier ciudadano interesado las propiedades de los concejales y órganos directivos municipales.

El pleno del mes de junio fue el primero que se desarrolló siguiendo las nuevas indicaciones del remodelado texto normativo que permite ya que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información solicitándola en el registro municipal.

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