El decreto de regularización de viviendas alegales que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no dará manga ancha a todas las construcciones fuera de la ley de Granada. De hecho, la mayoría de ellas no se verá beneficiada por esta enmienda al artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que saldrá adelante después del acuerdo entre las dos fuerzas de Gobierno de Andalucía, PSOE e IU.

Así lo aseguró ayer el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales, que explicó que las modificaciones incluidas por Izquierda Unida en la medida anunciada a bombo y platillo por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, supondrán en la práctica reducir al mínimo el número de viviendas construidas en suelo no urbano que podrán beneficiarse del decreto.

Para empezar, sólo tendrán vía libre para la regularización las edificaciones de uso residencial -quedan excluidas naves, restaurantes o comercios- que sean "edificaciones aisladas". ¿Qué significa esto? Pues que los "barrios ilegales" que hay repartidos por Granada, especialmente por la Vega, se quedarán fuera del decreto. Aunque no hay cifras oficiales por provincias -en el conjunto de la región se habla de unas 20.000 o 25.000 casas-, Morales apuntó que, en definitiva, las construcciones que podrán acceder a este reconocimiento jurídico serán "sobre todo viviendas aisladas asimilables a las viviendas rurales".

Además, de estar aisladas y tener uso residencial, las edificaciones deberán reunir otros dos requisitos que limitan considerablemente el catálogo de construcciones ilegales que se beneficiarán de la regularización. Estas construcciones deberán tener una antigüedad mínima de seis años -con la ley actual, pasado ese plazo las viviendas, por muy ilegales que fueran, no podrían demolerse y no podrá pesar sobre ellas "ninguna actuación que haya cuestionado su legalidad en ese periodo". Es decir, que no podrán tener ningún expediente administrativo ni penal iniciado por cualquier administración.

El delegado de Fomento y Vivienda reiteró que en el caso de la provincia es difícil detallar el número de construcciones afectadas -desde la Consejería de Medio Ambiente también aseguran desconocer el desglose provincializado de esas 25.000 viviendas de toda Andalucía que se podrán acoger el decreto-. "Son unos casos que se manejan ayuntamiento a ayuntamiento", apuntó Morales, que reiteró que se tratará en cualquier caso de "un número muy reducido".