Los sindicatos CSI.F, APFP y CCOO exigieron ayer "medidas de urgencia" ante el "aumento de agresiones hacia los trabajadores penitenciarios", del que responsabilizan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en gran medida por "su mala gestión en política de personal".

Por ello, piden "medidas de urgencia como la de aumentar la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias y, de forma provisional, paliar el problema con funcionarios en prácticas". Como consecuencia del "aumento de las agresiones" Gobierno y sindicatos -APFP, CCOO y CSI.F- negocian desde 2013 un protocolo "antiagresiones" para todos los trabajadores de la Administración General del Estado, que de momento está "estancado", porque el Ejecutivo "no quiere incluir en él a los 24.000 empleados públicos que trabajan en las prisiones españolas", colectivo que sufre "el mayor número de agresiones, una agresión cada dos días". Esta crítica viene a raíz de que los delegados de CCOO, CSI.F y APFP del Centro Penitenciario de Albolote hayan denunciado que el pasado día 22 dos funcionarios fueron objeto de una "brutal agresión" por parte de un interno del módulo cuatro, de "extrema peligrosidad".

Los sindicatos señalaron que se da "la fatal coincidencia" de que se han efectuado varios informes negativos, tanto en 2014 como en 2015, sobre la conducta "violenta y altamente peligrosa" de este interno. Unos informes "elaborados tanto por el educador como por los funcionarios del departamento, dirigidos al director del Centro como al subdirector de Seguridad, sin que se hayan tomado medidas.

Asimismo, indicaron que la plantilla de Albolote tiene un déficit de 38 empleados y, si no se aborda "seriamente" el problema a corto plazo, durante este año está previsto que "disminuya la plantilla en otros 21 empleados".