Los dueños del Cortijo Las Torres, que ejercen la acusación popular en el caso de los supuestos vertidos de aguas residuales de la depuradora del Centro Penitenciario de Albolote, han detectado una posible nueva emisión que ha vuelto a afectar al caudal del Arroyo Juncal. De este supuesto nuevo vertido, que se habría producido el 4 de marzo, se dio cuenta el lunes al juzgado de Instrucción número 6 de la capital, según precisaron fuentes de la causa.

En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, los propietarios del cortijo, ubicado en el entorno de la prisión provincial, vuelven a informar exactamente "de un nuevo vertido de aguas sin depurar procedentes del Centro Penitenciario de Albolote", el cual, consideran que se "ha producido de nuevo con nocturnidad", pues se habría realizado "aprovechando las horas de oscuridad para intentar eludir la toma de muestras y la realización de fotografías".

La nueva emisión (que se puede apreciar en las fotos que tiene en su poder la acusación popular) se ha localizado "en la zona del arroyo Juncal subsiguiente al Colector de salida de la EDAR del Centro Penitenciario, yendo a parar a los cauces públicos del río Colomera y la cuenca del Guadalquivir".

Los afectados tienen previsto informar igualmente a la Subdelegación del Gobierno, "para que ordene inmediatamente al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) la toma de muestras para su ulterior análisis, así como para la adopción de medidas de orden sancionatorio y de otro tipo". Junto a ello, insisten en que es necesario que se adopten medidas "para evitar los riesgos a la salud de las personas que estos hechos pueden ocasionar, dada su persistencia en el tiempo".

El asunto aterrizó en los juzgados en 2010, tras la denuncia que los dueños del Cortijo Las Torres formularon. Desde entonces el órgano que ahora dirige Francisco Javier Zurita (el juez Miguel Ángel del Arco se jubiló en septiembre) ha estado investigando si esas emisiones han podido afectar a la flora y la fauna de la zona y analizando posibles responsabilidades de las instituciones implicadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuyo presidente, Manuel Romero Ortiz, figura en la lista de investigados. Entre los posibles delitos que se investigan están el de prevaricación omisiva y contra el medio ambiente.