"Si queremos trabajar dignamente ese material, hay que hacer un trabajo serio, científico y bien hecho. Si no, no tiene sentido". El antropólogo granadino Miguel C. Botella defiende que "la investigación de las fosas comunes no puede ser un circo", en referencia a la posible excavación para desenterrar e identificar los restos de los fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo, que parece más probable y más cerca tras el último movimiento de ficha del juez Baltasar Garzón, quien ha solicitado información a varias instituciones sobre los desaparecidos. "Las familias ya han sufrido bastante. Si se hace, se tiene que hacer bien y de manera definitiva. No podemos permitirnos el lujo de equivocarnos", subraya Botella.

Para abrir las fosas comunes y comenzar la excavación, concreta, "es necesaria la autorización del Ayuntamiento a instancias de la familia o de un juzgado", y por otro lado hace falta financiarlo: "En Andalucía no está estipulado quién va a subvencionarlo. Podría ser Justicia o los Ayuntamientos, o entidades privadas, aún no está claro", comenta el investigador, que apunta que, después de más de setenta años, "es muy probable que el estado de conservación sea deficiente".

En este sentido, el desconocimiento y la falta de información juegan en contra. "Hay mucha gente que no sabe dónde fueron enterrados sus familiares. Se los llevaban de madrugada y nunca más se sabía de ellos. Muchas veces lo que se pretendía precisamente era crear terror con la desaparición. Por eso, en muchos casos no va a ser posible la identificación", lamenta Botella.

"Lo que es más útil es contar con un mapa de la fosa y la mayor cantidad de documentación posible", afirma el investigador, que recalca que en algunos casos los familiares sí saben con certeza a qué fosas fueron a parar los fusilados. "Está claro que hay que seleccionar casos para empezar por aquellos en los que haya más posibilidades de identificar a personas". Otros factores a tener en cuenta en esta decisión, prosigue Botella, son la circunstancia de que los restos estén en peligro de destrucción -por la construcción de una carretera, por ejemplo- o que existan familiares vivos que reclamen la identificación. "Son los políticos los que tienen que marcar las prioridades, viendo qué es lo más urgente. Nosotros somos técnicos y nos limitaremos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible", recalca.