Un gran cartel de García Arrabal corona el edificio donde el Partido Popular de Granada inauguró en 2013 su nueva y flamante sede política. La ubicación allí de las instalaciones del partido puede ser solo circunstancial, pero la investigación del Caso Nazarí por presunta corrupción urbanística en una serie de operaciones de la última década, incluye la construcción y posterior uso de este inmueble de nueva planta que levantó la empresa de uno de los principales promotores investigados en esta causa.

Este proceso judicial que comenzó en enero pasado bajo secreto de sumario ordenado por la juez tuvo su origen el año pasado con la presentación ante la Fiscalía de dos denuncias, que en un principio no tenían relación alguna y correspondían a operaciones urbanísticas en las que intervenían promotores diferentes. En la primera estaba implicado el empresario José Julián Romero y en la otra, Roberto García Arrabal. La Fiscalía, que participaba entonces en la instrucción de otra causa judicial de este último promotor, el Caso Serrallo, comenzó a unir asuntos cuando escuchó a testigos que hablaban de formas de actuar habituales en el Ayuntamiento de Granada, entonces gobernado por el PP.

De modo que la Policía, con la participación activa de los agentes de la UDEF, comenzó a hacer averiguaciones sobre otros proyectos, en curso o ya ejecutados , relacionados con los mismos empresarios.

Roberto García Arrabal fue detenido el mes pasado y puesto en libertad con una larga lista de cargos relacionados con la corrupción urbanística que le fueron leídos por la propia jueza el día de su declaración posterior.

Los asuntos relacionados con este empresario que se están investigando en el Juzgado, además del conocido Caso Serrallo (la construcción de una discoteca sobre terrenos destinados a espacios libres), son la construcción del Pabellón Mulhacén, motivo de una de las denuncias detonantes en Fiscalía antes mencionadas, el proyecto para hacer una residencia de estudiantes en terrenos de uso deportivo del Parque Tecnológico de la Salud y los usos del edificio del Zaidín construido donde antes estaba el colegio Progreso y en cuya planta baja actualmente está ubicada la sede del Partido Popular provincial.

Ese inmueble se inscribe dentro de un área de reforma de suelo urbano prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de 2001. Esta zona, que se llamó Circunvalación, preveía la creación de una serie de espacios libres y concentraba toda la edificabilidad en unos inmuebles de uso residencial ubicados cerca del Camino Bajo de Huétor y en el gran edificio donde se instalaron las oficinas del PP, casi frente a los cines Vergeles.

Pero esa construcción no tenía uso residencial, sino comercial. En concreto, lo que el Plan General califica como uso terciario. La interpretación que se ha hecho de la norma a la hora de definir esos usos es lo que se trata de dirimir en este caso, pues además de las oficinas de la planta baja, en el resto del edificio se han construido viviendas, calificadas por la empresa como suites. El proyecto debió de tener las licencias municipales para la actividad a la que se ha destinado.

Concesiones municipales que se han modificado, así como cambios de usos y otras condiciones de las operaciones urbanísticas desarrolladas por este promotor con el consentimiento expreso del Ayuntamiento de Granada son los elementos comunes que se investigan en cada uno de los casos.

El cambio de usos de los terrenos y edificios construidos es el factor común que a priori se vislumbra en casi todas las operaciones urbanísticas realizadas por García Arrabal que se investigan, dado que era propietario o concesionario de muchos suelos destinados a equipamientos públicos en la zona Sur de la ciudad.

En el caso Serrallo, que se instruye por separado al Caso Nazarí, aunque podría entrar en relación como una operación más, el problema fundamental estaba en que el promotor construyó una discoteca en unos terrenos de espacios libres que estaban destinados a albergar un parque de ocio infantil. El Ayuntamiento, a través de los técnicos del área de Urbanismo y de los políticos que estaban al frente, consideró que esto se podía autorizar por una interpretación de la norma sobre construcciones de apoyo permitidas en esas zonas de espacios libres.

Aquel proyecto partió de una concesión municipal al empresario para que construyera el parque infantil, pero la iniciativa se acabó convirtiendo en una serie de atracciones como tirolinas y pistas de patinaje, pero con un restaurante y discoteca. Los denunciantes en este caso sostienen que de haber sido ésas las condiciones contempladas en el pliego de aquel concurso podrían haberse presentado otros empresarios interesados, lo que limitó la libre concurrencia.

Un informe del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, resultó determinante en la apertura de esta causa, pues el propio funcionario y cargo de confianza de la entonces concejal del área, Isabel Nieto, decía que la construcción allí realizada era ilegal porque alteraba los usos permitidos en el pliego de la concesión y superaba la edificabilidad posible.

Durante su declaración ante la jueza -la misma que instruye ahora el Caso Nazarí-, el exjefe de Urbanismo llegó a decir que "en el Ayuntamiento podríamos ser los mayores concesionarios de salas de fiestas del país si se interpretara eso", en referencia al criterio por el que el Ayuntamiento permitió esos usos en el sistema general de espacios libres junto al Serrallo.

En aquella declaración, el funcionario, que hoy está destinado a una oficina técnica del Albaicín y tiene una baja médica por depresión, fue especialmente duro con la concejal Isabel Nieto y con otros jefes de Urbanismo, a los que acusó de una especie de confabulación para sacar adelante temas que beneficiaban a algunos promotores. La exedil, por su parte, ha presentado una denuncia contra su antiguo hombre de confianza y le ha atribuido la autoría encubierta de todas las denuncias que la han llevado a estar detenida e investigada.

Pero hacia Nieto, al exalcalde Torres Hurtado, a algunos altos cargos de Urbanismo y del Ayuntamiento, y al promotor Roberto García Arrabal no solo ha apuntado el antiguo director de Urbanismo de Granada. De hecho la primera denuncia ante Fiscalía en el Caso Nazarí la presentó el empresario Ramón Arenas, para informar sobre el supuesto trato de favor que a su juicio recibió García Arrabal de los responsables municipales.

En concreto, se refería esta denuncia a la construcción del Pabellón Mulhacén, una instalación para el patinaje sobre hielo hoy comercializada por Don Patín. Esta parcela de uso deportivo fue otra concesión municipal que obtuvo García Arrabal hace unos años, una vez que la venta resultó imposible por ser un equipamiento de la ciudad y por el litigio que la Junta mantenía con el Ayuntamiento al oponerse a que vendiera este tipo de terrenos, que deberían ser para uso público.

Esa concesión estaba sujeta a unas condiciones muy concretas que luego se han ido alterando con el tiempo, convirtiendo supuestamente la operación urbanística en un negocio más lucrativo para el empresario. Estaba prevista la construcción de un aparcamiento y de varias pistas deportivas al aire libre, además del propio pabellón. El denunciante dice en sus escritos que ese edificio debía acoger pruebas deportivas internacionales y que "hoy no serviría ni como pabellón de un colegio" porque "ustedes (los responsables del Ayuntamiento) han eximido al adjudicatario de hacer el proyecto conforme al concurso". Las tres pistas deportivas y sus jardines se han convertido en un Mc Donald's y el aparcamiento de 196 plazas ha quedado reducido a un pequeño parking para uso del negocio.

El mismo denunciante hace referencia en sus escritos dirigidos a Isabel Nieto y José Torres Hurtado al expediente iniciado unos meses atrás para dar luz verde a un nuevo proyecto de García Arrabal en el PTS que consistía en levantar un edificio residencial en una parcela de uso deportivo, frente al complejo de pádel que hizo el mismo constructor.

La justificación de ese cambio de uso podría venir por el destino de esas residencias a estudiantes de la Universidad de Granada, lo que se ha tratado de compatibilizar con el uso originalmente atribuido a la parcela de equipamiento público.

Ramón Arenas, que denunció como perjudicado directo en la construcción del Pabellón Mulhacén, pero apunta a otras operaciones con puntos en común, pregunta a Nieto y Torres Hurtado en su escrito: "¿Es coincidencia siempre los mismos actores? Es decir, García Arrabal, Urbanismo y ustedes ?".