La acusación popular del caso de los supuestos vertidos de agua mal depurada de la prisión de Albolote, que ejerce la dueña del Cortijo Las Torres, ha interpuesto un recurso contra el auto judicial que aprecia que los hechos pueden constituir un delito contra el medio ambiente. El motivo: la denunciante considera que también ha habido un posible delito de prevaricación, al no adoptar los investigados medidas para frenar las emisiones presuntamente contaminantes, que se han repetido desde 2008.

El recurso, al que ha tenido acceso este diario, se interpone "únicamente" en cuanto a la imputación de los investigados tan sólo por el delito medioambiental, "cuando los mismos -subraya la acusación popular- han podido incurrir en un delito de prevaricación medioambiental (...) tanto en su vertiente activa o positiva, como en su vertiente omisiva".

La resolución contra la que se dirige el recurso, avanzada ayer por este diario, acordó archivar las actuaciones contra la mitad de las ocho personas que quedaban como investigadas, de modo que dejaba en la causa sólo a cuatro implicados, contra quienes ahora las partes deben o formular acusación o pedir el archivo.

Los cuatro investigados que permanecen en el proceso son el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romera; y otros dos altos cargos de la institución: el comisario de aguas y el jefe de calidad de aguas.

Entre otras alegaciones, el recurso subraya que los tres altos cargos de la CHG en 2014 "dieron sin problemas su visto bueno a la remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Centro penitenciario, con lo que vinieron a abundar en la actuación completamente ilegal de sus antecesores en la CHG". Explica, en este sentido, que la construcción del Centro Penitenciario se hizo "sobre una zona que era de dominio público hidráulico", pues allí se encontraba la Laguna Vieja, un lugar "protegible legalmente".

Junto a ello, atribuye, tanto a ellos como al investigado restante, una posible prevaricación omisiva, "en cuanto que, tras múltiples inspecciones y denuncias, han silenciado de forma deliberada, entre los años 2012 y 2014, como mínimo, la infracción de normas sobre depuración y calidad de las aguas, al haber permitido el funcionamiento de la EDAR, que era inoperativa desde hacía años, sabiendo de la actividad contaminante que se estaba desarrollando en la zona".

En el auto, dictado el 1 de junio, el juez de Instrucción 6, Francisco Javier Zurita, cerró la instrucción del caso, transformándolo en un procedimiento abreviado. Ello implica pasar a la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes califican los hechos y determinan qué posibles delitos integran y con qué penas deben de ser castigados.

En la narración de lo supuestamente acontecido recogida en la resolución, se indicaba que cuando menos, en el período comprendido entre diciembre de 2008 y la fecha actual, y como consecuencia de "una pauta de vertidos contaminantes" que se han venido produciendo "reiteradamente" y que poseían su origen en el "defectuoso" sistema de depuración de las aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote, se llegó a originar "un daño" en la calidad del agua de arroyo Juncal "determinante de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales".

El juez Zurita se puso al frente del juzgado de Instrucción 6 tras la jubilación del juez Miguel Ángel del Arco, que fue quien inició la investigación del caso, cuyo origen está en una denuncia formulada en 2010 por Elena G.G., que está representada por el despacho Ruiz-Rico Abogados.