ENTRE los expedientes que solicitaron en el registro policial del 13 de abril, se encontraban los que llamaban Operación Lince, relacionados con el Plan Parcial Norte-2, que se ubica al final del término municipal de Granada, lindando con Pulianas.

Esta nueva urbanización se costea por los propietarios de los terrenos, que se constituyen en junta de compensación, adoptan acuerdos por voto de mayorías y encargan el proyecto para elaborar el diseño de la futura zona urbana, respetando los porcentajes de cada cosa establecidos en la Ley del Suelo. Un Ayuntamiento no recibe las calles hasta que se terminan las obras.

La propuesta del Plan Parcial y el proyecto de urbanización fueron presentados al Ayuntamiento en 2006 y fueron aprobadas por el pleno. Las obras de urbanización comenzaron también en el año 2006 y quedaron paralizadas unos años después, por los problemas surgidos entre los diferentes propietarios. Es lo que ha conseguido la crisis económica en todos los sectores pendientes de urbanizar en Granada, Mondragones, Automovilismo, Parque de la Salud, Oestes 1-2 y 3 y todos los polígonos industriales.

El motivo de incorporar los expedientes del N-2 a la Operación Nazarí es la denuncia presentada por uno de los propietarios de estos terrenos, con fecha 8 de Junio de 2015, contra 23 personas, ingenieros, arquitectos, constructores, abogados, copropietarios, funcionarios y concejales.

Según el contenido de la denuncia, en octubre de 2006 comenzaron las obras de urbanización del N-2, que son obras privadas, ejecutadas por los propietarios de los terrenos, no por el Ayuntamiento. En enero de 2008 se concedió licencia para la construcción de un edificio de 300 viviendas a Casería de San Jerónimo, cuyo propietario mayoritario era José Julián Romero y en julio de 2012 se concedió licencia de primera ocupación a esas 300 viviendas con acceso por calle terminada. Lo que se denuncia es haber dado licencia a este edificio de 300 viviendas sin que estuvieran terminadas las obras de urbanización de todo el ámbito.

Al parecer los concejales del Partido Socialista han decidido personarse como acusación particular en este asunto. Lo cual pone al nuevo concejal de Urbanismo en una difícil situación, porque si mantiene la ilegalidad de la licencia concedida, no solo tendrá que anular de oficio la licencia de estas 300 viviendas, sino de todas las que en estos mismos años se han dado en Granada con urbanizaciones inacabadas y en las mismas circunstancias.

Un ejemplo lo tenemos en los Mondragones: En el año 2007 se pusieron en funcionamiento 5 edificios municipales, que tienen acceso por una calle urbanizada, sin estar terminadas las obras de urbanización del resto del sector. En el año 2012 se dio licencia al aparcamiento soterrado, el supermercado y la instalación deportiva, recibiéndose solo un trozo de calle trasera, sin que las obras de urbanización del resto del sector estén terminadas. Y lo que les queda, puesto que consta la existencia de restos arqueológicos.

Y habrá que revisar y anular las licencias concedidas en el Plan parcial O-1, la que se dio en 2011 al Edificio Apache, con 144 viviendas de VPO, y unos años antes a la instalación deportiva We, con gimnasio, piscina y campo de futbol de césped artificial. Para estas licencias solo se puso en funcionamiento la calle Pintor Belda, quedando la urbanización del resto del plan parcial O-1 paralizada por falta de fondos.

Habrá que tramitar la revisión por nulidad de las licencias que desde hace años se han venido dando en el PTS a 21 edificios nada menos, sin que estuviera terminada la urbanización del Plan parcial S-2. Habría que revisar las licencias de primera ocupación del centro de empresas BIC Granada, el Instituto López Neyra, el centro de Investigación Biomédica, Laboratorios Rovi, Instituto de Medicina Legal, Edificio Genyo, Laboratorio Vircell, Instituto Universitario Deporte-Salud, Edificio Ibermutuamur, e incluso el Hospital y la Facultad de Medicina, para cuyas licencias de primera ocupación hubo que hacer saneamientos provisionales porque no estaban instalados los generales de la urbanización.

Y es que si la administración municipal detecta algún acuerdo ilegal, debe de revisar de oficio sus propios actos. Y si el nuevo concejal de Urbanismo mantiene en los Juzgados la ilegalidad de estas licencias, deberá dar instrucciones para tramitar la revisión de todas ellas. Esto supondría desalojar y dejar sin uso innumerables edificios terminados en Granada y sería contrario al interés público, porque tendríamos la ciudad llena de edificios vacíos, deteriorándose, siendo objeto de vandalismo y ocupaciones ilegales. Y también contrario a la Ley.

El gran problema del nuevo concejal es que no va a poder ver los expedientes porque se los han llevado sin dejar copia y por lo tanto se va a personar como acusación a ciegas.

El día 13 de Abril, se llevaron de Urbanismo siete expedientes relacionados con el mismo ámbito del PP N2. Eso es la operación Lince. Y no se quisieron llevar el expediente de ejecución de los avales, todavía no sabemos por qué. ¿O sí que lo sabemos?

Estos 7 expedientes, que no tienen relación ni espacial ni personal con los demás expedientes de la investigación, contienen mas de 2.000 folios con informes, actas de reuniones de propietarios, acuerdos, recursos... Y un contenido tan técnico que requiere una alta cualificación urbanística para su comprensión. Si juez, fiscal y concejal han de leerse todo lo que se han llevado, necesitarán al menos un año. Solo la denuncia consta de 95 folios y es de por sí una telenovela plagada de peleas internas.

Este es el más complicado de todos los temas investigados. Al final, la juez cumplirá con la investigación realizada y mandará la pelota de la macrocausa a la Audiencia para juicio, sin más responsabilidad. El magistrado que tenga que juzgar este tema, mezclado con todos los demás casos investigados, recibirá más que una pelota, una tremenda bola de nieve. Como diría nuestro Nobel Camilo José Cela, "no le perdonará la putada".

Seguramente sería bueno que concejal, fiscal y juez, antes de tomar esta decisión, consultaran el art. 41 del Reglamento de Gestión Urbanística que permite la ocupación de edificios cuando esté terminada la urbanización "que afecte a dichos edificios" y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, luz e instalaciones, como ocurre con todos los anteriores.

En el caso del N-2, existía un aval de la junta de propietarios de 312.074 euros y además previamente a la primera ocupación el promotor constituyó 2 avales bancarios por 734.652 euros, de Banco Popular y 1.065.347 euros de la Caja Rural, que fueron ejecutados antes de su vencimiento. Aunque ese expediente no han querido llevárselo.

Otro posible reto que tiene el nuevo concejal es llevar a recaudación ejecutiva al denunciante del N-2, para que pague las cuotas que debe. No se atreverá por miedo a ser denunciado. Ya sabemos que en urbanismo impera la ley del más chulo. Y las denuncias no son más que coacciones encubiertas.