El caso de la adjudicación de la Casa Ágreda a AIDE , la Federación Internacional para el Desarrollo, con sede en París, ya es oficialmente una causa judicial. Ayer, el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, que dirige el magistrado José Luis Ruiz Martínez, ordenó incoar diligencias previas para esclarecer este asunto que salpica al exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. Entre los primeros pasos a dar, el instructor ha acordado "solicitar una pericial" sobre este palacete del siglo XVI que está en el Albaicín, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según estas mismas fuentes, el juzgado ha fijado también ya para finales de septiembre los primeros interrogatorios de los investigados. La fuentes no detallaron quiénes serán los que abran la ronda de declaraciones ante el instructor ni precisaron las fechas exactas de sus comparecencias, a fin de que la decisión del juez sea notificada primero a los denunciados. Entre ellos figuran, aparte del exregidor y de la exedil de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, el director de Obras y el coordinador del Área de Urbanismo en las fechas en que se fraguó esta operación finalmente frustrada.

A partir de ahora, el juzgado tratará de esclarecer si los denunciados cometieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, que son los tres posibles ilícitos que la Fiscalía Provincial de Granada recoge en la denuncia que ha dado lugar a la causa.

El decreto de denuncia, que firma el fiscal José María Suárez-Varela, está fechado el 1 de junio y se produjo después de que el Ministerio Público abriera una investigación tras recibir una denuncia que rubricaban la portavoz de Vamos Granada en el Ayuntamiento de Granada, Marta Gutiérrez; el portavoz de IU, Francisco Puentedura; y el entonces portavoz del grupo municipal socialista Francisco Cuenca, actual alcalde de Granada tras la dimisión de Torres Hurtado por el escándalo de la operación Nazarí.

En ella, los tres portavoces sospechaban que aquella operación para adjudicar la Casa Ágreda, que está ubicada en la cuesta de Santa Inés y que es propiedad municipal, no iba a beneficiar a la ciudad, dado que, a cambio de rehabilitar el inmueble, se iba a conceder a AIDE un derecho de superficie durante 40 años con opción a compra por un importe que iba en perjuicio de las arcas municipales.

Sobre este punto, el fiscal señalaba en su decreto que, al incluir esa opción de compra, la Casa Ágreda pasaría a ser propiedad de AIDE en total por 1,8 millones de euros (los 260.000 euros entregados y los 1,6 millones en los que fue tasada), cantidad que estaría "muy por debajo" de las tasaciones del inmueble que obran en el Ayuntamiento, que lo valoran en 4 y 6 millones de euros.