El contrato para las obras del AVE a su paso por Loja se acerca a su fecha de defunción. En conversaciones con Granada Hoy, Adif confirmó ayer que los técnicos del Ministerio Fomento ya están estudiando las "consecuencias legales" de suspender el acuerdo que une al organismo público con las empresas Dragados y Tecsa, ambas pertenecientes a la UTE que empezó el proyecto.

El asunto no es menor. De llegarse a suspender, las condiciones con las que se anulase el contrato determinarían el plazo para volver al trabajo en los 27 kilómetros que separan la capital del municipio lojeño. Si la solución no fuese pactada entre las partes, se tendría que volver a iniciar todo el proyecto. O lo que es lo mismo, se sacaría de nuevo a concurso público las obras y habría que estudiar las nuevas propuestas que se presentasen.

Desde Adif, organismo dependiente de Fomento, temen que las empresas estén usando a Granada para conseguir presionar al Gobierno interino en otros conflictos que ambos mantienen, como es el rescate del tren de Alta Velocidad que une España con Francia. La ejecución de las obras en ese tramo vencen en noviembre.

Por otra parte, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, considera que el Ministerio de Fomento y el conjunto de las administraciones deberían tener por ley "más prerrogativas" para asegurar que las constructoras cumplen los contratos de obra pública que se adjudican de forma "rápida y eficaz". El alto cargo de Fomento estima así preciso revisar la legislación sobre contratación pública para "evitar los problemas" que surgen y que no se dan en otros países europeos. El secretario realizó esta consideración mientras su Ministerio y Adif negocian actualmente con varias constructoras sobre sobrecostes y modificados de contratos de construcción de varios tramos de AVE cuyas obras están paradas, como es el caso de Granada.

"La Administración necesita más prerrogativas a la hora de asegurar la ejecución de los contratos de obra en aras del interés general y la inversión que hay detrás (de los proyectos)", consideró Gómez-Pomar en su intervención en una jornada de construcción del Consejo Económico y Social (CES). "La legislación sobre contratación, la Ley de Contratos, requiere una revisión, para cuando la rápida y eficaz ejecución de las obras públicas presenta problemas", añadió. Tras su intervención, el 'número dos' de Fomento se refirió a los tramos de AVE parados para indicar que "se están gestionando desde el marco de la legislación".

No obstante, destacó que son "una minoría" de las obras actualmente en marcha."La mayoría se desarrollan con normalidad y correctamente", apuntó.

Ademas de la de Granada, otras obras del AVE paradas por los problemas que las constructoras adjudicatarias han planteado sobre modificados y sobrecostes surgidos en los proyectos son varios tramos de la 'Y' vasca, tramos del AVE a Extremadura y un contrato de los túneles de Pajares de la conexión AVE a Asturias.

Con la participación de unas 7.000 personas, una manifestación que salió de la estación de trenes de Granada, el pasado sábado 17 de septiembre, pidió también la recuperación de la conexión ferroviaria por Moreda, que se ha convertido en otra de las principales reivindicaciones de esta manifestación junto con la reanudación de las obras en el tramo de Loja.

La UTE formada por Dragados y Tecsa, adjudicataria de las obras del AVE a su paso por esta localidad del Poniente granadino, cuya paralización ha provocado que la provincia lleve 541 días sin conexiones ferroviarias, solicitó formalmente en agosto a Adif la rescisión del contrato.

La adjudicación se realizó a principios de 2015 por la mitad del dinero con el que salió a concurso. De los 48,4 millones de euros calculados en su día por los técnicos, la UTE los rebajó hasta la mitad: 27 kilómetros de vías de tren por 23,8 millones. Ahora las empresas piden un incremento de más de cuatro millones de euros, lo que supera el 10% permitido por ley, algo a lo que Fomento se opone con firmeza.