Más de 13.000 inmigrantes que residen actualmente en Granada pueden perder su permiso de residencia debido a la crisis económica. Muchos han estado en situación legal durante más de cuatro años y han tenido diversos trabajos, pero los requisitos para renovar los permisos exigen nuevos contratos que en estos tiempos son mucho más difíciles de conseguir.

El Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, formado por 12 ONG que operan en Granada, denunció ayer el riesgo en el que viven muchos de ellos y las consecuencias que comporta la subida del paro entre este colectivo. Una advertencia que se quiso hacer coincidir con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemoraba este año el 60 aniversario de la proclamación de su declaración.

Para poder renovar su permiso los inmigrantes están obligados a haber cotizado un mínimo de seis meses en el último año, tener contrato en vigor por tiempo completo y vigencia de un año, y no haber abandonado voluntariamente el trabajo anterior. Sylvia Koniecki, miembro del Foro y de Granada Acoge, explicó ayer que el carecer de estos requisitos "supone la imposibilidad de renovación y por tanto la vuelta a la situación de irregularidad". Esto supone, lógicamente, una vuelta atrás en su proceso de integración y un recorte en sus derechos sociales.

En opinión de Koniecki, estas personas están "bien integradas" pues además de llevar ya tres o cuatro años de residencia legal, tienen hijos escolarizados o pisos en propiedad.

Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, en Granada hay 2.931 inmigrantes que se encuentran en la primera fase, o temporal inicial. En la primera renovación se encuentran 7.665 personas y en la segunda, 2.653.

La presidenta de Granada Acoge señala que el aumento de denegaciones de las renovaciones ya se está dejando notar: desde mayo de este año sólo en la ONG en la que trabaja ha crecido ya en un cincuenta por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes quiso destacar ayer que, "si bien las consecuencias de la crisis afectan tanto a autóctonos como a inmigrantes, actualmente hay evidentes diferencias": el aumento del paro en el último trimestre ha sido mayor entre la población inmigrante que en la local.

Según los datos aportados por el Foro, la tasa de aumento entre los inmigrantes sobre el año anterior es del 5,67 por ciento, frente al 2,8 por ciento de la población general. Esto sitúa su tasa en un 17,45 por ciento frente a un 10,2 por ciento de la población general. En concreto, en la provincia de Granada, el paro registrado en el mes de noviembre fue de 70.351 personas, de las que 5.158 eran extranjeras.

Como el 56 por ciento de los contratos efectuados a extranjeros en 2007 era de carácter temporal, para el Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes es lógico que el desempleo se cebe especialmente en este colectivo.

La federación de ONG también advirtió de las graves consecuencias tanto para inmigrantes como para el resto de la población: aumentará la bolsa de indocumentados, crecerá de la economía sumergida, y sobre todo, una se erosiona la cohesión social.

Ayer, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se hizo especial hincapié en que la situación de crisis puede ser "el caldo de cultivo para un aumento de las posturas xenófobas, que buscan en los inmigrantes el chivo expiatorio de males sociales de los que no son responsables sino sólo una víctima más".

El informe emitido ayer por el Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes apunta que el crecimiento de la xenofobia es uno de los riesgos que se corren como consecuencia de las competencias por los recursos sociales escasos, ya que el incremento de las personas en precariedad laboral generará también más demandas de ayuda a los sistemas de protección social.

Otro de los portavoces del Foro, Agustín Ndour, llamó la atención sobre el error que supone asociar inmigración y delincuencia mientras que Sylvia Koniecki habló del peligro de "criminalizar la inmigración".

En este sentido, el informe especifica que si bien "los extranjeros no han tenido responsabilidad alguna en la gestación de esta crisis, la insistencia en relacionar las actuales dificultades económicas con el paro y la inmigración traslada a la opinión pública la errada idea de que las restricciones en políticas migratorias y en los derechos de los inmigrantes son un factor decisivo para la superación la preocupante situación económica".

Los dos portavoces subrayaron que ante la crisis "es necesario fortalecer la cohesión social, ya que es precisamente en los momentos de graves dificultades materiales cuando se ponen a prueba los valores que como sociedad aspiramos a mantener".

Por este motivo, han instado al Gobierno a flexibilizar las condiciones necesarias para la renovación de los permisos de residencia inicial, de primera y segunda renovación, eliminando algunas de las exigencias que se tienen en cuenta en la actualidad. También, a que considere la situación de integración social del inmigrante y su trayectoria laboral en cuanto a aportación y cotización, además del hecho de que se esté buscando empleo de forma activa.

Aunque el colectivo de ONG, como otras muchas instituciones, administraciones y asociaciones de ayuda humanitaria eligieron el 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos para sus actos de denuncia, el Foro repetirá hoy con una concentración por la integración y la convivencia que se celebrará a las 18:00 horas en la Fuente de las Batallas.