El debate sobre la financiación pública de las escuelas concertadas ha vuelto a saltar a la palestra después de que la patronal católica lanzara nuevas quejas contra el Gobierno por su "desigual" distribución de las ayudas en materia de Educación. En Granada, 84 centros concertados (más del 90% en manos de entidades religiosas) se hacen cargo diariamente de la educación reglada de casi 40.000 niños, y demandan a la Junta de Andalucía las mismas ayudas que reciben los 148.000 alumnos que estudian en las 552 escuelas públicas.

"La titularidad y gestión de los centros concertados están en manos privadas, pero los criterios de admisión del alumnado, la normativa que regula su enseñanza e incluso la selección y el pago del profesorado están sujetos a criterios públicos", argumenta José Antonio Funes, presidente de la Plataforma por la Homologación de la Concertada en Granada.

Esta condición de centros híbridos les sitúa en una situación de desventaja pues, según la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y Educación y Gestión (EyG), principales organizaciones empresariales de los centros educativos católicos, las administraciones les niegan "los medios para trabajar en igualdad de condiciones".

Las ayudas para formar a los docentes en un segundo idioma que permiten la implantación del Plan de Bilingüismo en los centros educativos, la financiación de las nuevas tecnologías para la extensión de los TIC, las ampliación del servicio de transporte del alumnado, los recursos concedidos al servicio de comedores o los fondos destinados a las actividades extraescolares no llegan a los centros concertados, según la patronal, sindicatos y docentes.

"La discriminación es real entre ambas redes educativas -apunta Funes-, pues el Gobierno andaluz sólo se acuerda de los colegios concertados que están en las zonas más marginales". Amor de Dios, San José, Luisa de Marillac o Luz Casanova son algunos de los que reciben ayudas pero, según Funes, el resto no cuenta con la misma financiación.

La Junta de Andalucía exige un decreto de admisión de alumnos que obliga a los centros concertados a cumplir unas condiciones para asegurar, por ejemplo, la no discriminación de los niños inmigrantes y a realizar las mismas pruebas de diagnóstico a las que se ven sometidas los colegios públicos. "Para exigir todos somos iguales, pero para dar dinero no", se queja el presidente de la Plataforma por la Homologación.

Desde la secretaría General de Escuelas Católicas se ha dado a entender que los concertados están, en plena crisis, viéndose un poco justos para cubrir gastos y ahora dicen que no tiene sentido discriminar a los alumnos que están en centros que realizan un servicio público.

La Consejería de Educación ha instado a los colegios concertados a que se sumen al Plan de Calidad y la mayoría lo están llevando a cabo. Pero los docentes, unos 2.450 en Granada, se quejan de que a ellos la Administración no les está pagando los incentivos como a los de la Pública.

"Las patronales tienen razón al quejarse de la falta de igualdad, pero también son parte del problema -apunta Funes- porque en su momento dieron su apoyo a la Ley de Educación Andaluza (LEA) que, aunque reconoce la educación concertada como un servicio público, olvida las necesidades de estos centros, de sus alumnos y de los trabajadores".

Otro de los aspectos en los que discrepa un sector del profesorado de la Concertada es que los empresarios reclaman más ayudas para la formación de los enseñantes, pero han claudicado con la homologación salarial. "Ellos [la patronal] lo que quieren es la autonomía de los centros concertados, que la gestión esté exclusivamente en sus manos y que los gobiernos no metan la mano en la dirección".