El liderazgo que han ejercido el Gobierno andaluz e IU en las actuaciones para la recuperación de la memoria histórica se resquebrajó ayer en el Parlamento. Un aluvión de críticas le llovió desde la coalición de izquierdas a la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, por el procedimiento seguido en la apertura de la fosa de Alfacar (Granada). Desde la utilización "mediática" del caso a los fallos del protocolo, pasando por el "mal homenaje" que será el centro cultural que se espera construir en un terreno donde se suponía que estaban los restos de los fusilados de la Guerra Civil, entre ellos los del poeta Federico García Lorca, y en el que al final no había nada. Pero el reproche más duro de IU a este "cúmulo de despropósitos" fue la falta de una autoridad judicial durante las excavaciones.

La respuesta de Álvarez fue que las competencias de la Junta no traspasan la frontera de lo administrativo; por tanto, no se buscaban "ni culpables ni delitos", porque eso sólo corresponde a los jueces. "Nosotros no actuamos por una política revanchista ni pretendemos reabrir heridas", apostilló, a la vez que insistía en que su responsabilidad no es más que el "rigor científico", dar garantías en la localización de las víctimas y atender a los derechos de sus familiares, aparte de informar de lo que sucedió "para que no se vuelva a repetir".

Tras lamentar la actitud del portavoz de IU en la comisión de Justicia, José Manuel Mariscal, por la ruptura que suponen del "coliderazgo" que ha mantenido su formación con la Junta en esta materia, la consejera consideró que el proceso fue "impecable" y rechazó que su departamento hubiera querido acaparar protagonismo. De hecho, matizó que sólo intervino al principio y al final de una operación en la que se removieron 267 metros cuadrados y se extrajeron 75 metros cúbicos de tierra en los que no apareció ni resto óseo.

En cuanto al proyecto de instalación que se hará en este lugar precisó que ni será "un Gugghenheim" ni un centro o galería de arte contemporáneo". "Será una "instalación de vanguardia" en la que se compatibilizarán distintos usos para la recuperación de la memoria histórica, que podría incluir elementos escultóricos y que estaría encaminada a difundir la memoria histórica y a "contar lo que pasó. También concretó que la instalación se situará en el entorno del Parque Federico García Lorca, pero no en su interior.

Por otro lado, un grupo de intelectuales, que integran escritores como Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, entre otros, ha suscrito un manifiesto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que muestran su "preocupación" por los pasos dados por el Tribunal Supremo, que tramita una querella contra el magistrado a raíz de su investigación de los crímenes del franquismo.

El manifiesto, que lo firman también la política Cristina Almeida, el cantautor Paco Ibáñez, los escritores Fanny Rubio y Manuel Rivas y catedráticos como Pedro Martínez Montávez o Joan Oleza, muestra la "inquietud de que a los familiares de las oficialmente 130.000 víctimas del franquismo se les sustraiga en nuestro país el derecho al reconocimiento, de reparación y de justicia".