La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir del miércoles a cinco presuntos miembros de una célula islamista argelina próxima al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) que intentó comprar material explosivo en Granada y después mercurio rojo, para atentar contra el Corte Inglés de la calle Princesa en Madrid.

La fiscal Blanca Rodríguez atribuye a los cinco supuestos islamistas -Said Bouchema, Khaled Bakel, Lyes Sihamida, Salim Zerbouti y Soufiane Sadji- el delito de colaboración con organización terrorista, por el que solicita siete años de prisión para cada uno. Además, imputa al presunto cerebro, Bouchema, el delito de receptación, por el que le pide un año más.

También atribuye a Sihamida los delitos de falsificación en documento oficial (un año y seis meses) y de tenencia de útiles para la falsificación (ocho años), delito que imputa igualmente a Sadji. Los cinco fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil el 23 de noviembre de 2005 en Alicante, junto a otros argelinos que finalmente no se sentarán en el banquillo.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la célula intentó hacerse con el material explosivo a través de una persona, identificada en la causa como 'testigo protegido A-1', quien reveló que uno de los procesados le comunicó sus intenciones de hacer un "trabajo" en el Corte Inglés de Princesa, en Madrid.

La célula fue creada por Said Bouchema en Alicante, donde se instaló en 1999 después de haber residido en Italia y Francia y en otras localidades españolas, y siete años después de abandonar Argelia, coincidiendo con la ilegalización del partido Frente Islámico de Salvación (FIS), del que era "simpatizante".

En Alicante, Bouchema gestó el grupo de apoyo al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), surgido en 1998 en Argelia y ahora integrado en la red terrorista Al Qaeda en el Magreb. Para ello, se valió de "su larga permanencia en la ciudad, de la autoridad que como hombre religioso ejercía en la comunidad argelina y de la existencia de un negocio que le permitía reunir y conectar a muchos ciudadanos argelinos, el restaurante Essalam", que servía también de punto de encuentro y receptación de mercancías robadas.

En su escrito, la fiscal subraya que Alicante es una de las bases logísticas de los grupos argelinos radicales, ya que "tienen conexión directa con Argelia a través de ferrys y existe una importante comunidad argelina asentada a través de negocios".

A la cabeza de la célula creada, Bouchema canalizaba el envío a Argelia de "gran cantidad de objetos robados y de documentos falsificados" y realizaba una labor de captación entre los jóvenes refugiados argelinos, a los que animaba a practicar la religión e incluso les ayudaba enviándoles dinero a prisión, cuando eran detenidos o tenían problema.

En este grupo se encontraban Zerbouti, Sadji, Bakel y Shamida, siendo éste último el hombre de confianza de Bouchema. Según la fiscal, desde finales de 2004 una de las misiones principales del grupo era "conseguir materiales para la fabricación de artefactos explosivos con los que cometer en el futuro atentados".

Con este objetivo, Bakel contactó en diciembre de 2004 con una persona, que aparece en la causa como testigo protegido A-1 y que vivía en Granada. El procesado le dijo que podía facilitarle hachís si a cambio le conseguía goma 2 o armas. En una reunión posterior, Bakel le dijo que ya "tenía 100 kilos de explosivos", pero que necesitaban más porque "iban a hacer un 'trabajo' en el Corte Inglés de Princesa en Madrid".

A partir de ese momento, se produjeron una serie de conversaciones y al menos cinco reuniones con el objetivo de negociar el pago del explosivo, que la célula pretendía hacer en metálico, con armas de fuego o con hachís. En uno de estos encuentros participaron además dos individuos de etnia gitana.

Según la Fiscalía, todas estas reuniones tenían como único fin hacerse con el explosivo, que A-1 iba a conseguir a través de dos personas en Granada, identificadas como Tito y Emilio, que tenían relación con el entorno de canteras ubicadas en la zona. Sihamida llegó a decirle al mediador que si "se portaba bien" no le iban a faltar "trabajos con ellos" y Bakel le concretó que el precio podría ser de dos kilos de hachís por cada kilo de explosivo.