En sólo una mañana el gasto de los ciudadanos para vivir en Granada ha aumentado en dos de las vertientes más gravosas y populares. El Ayuntamiento aprobó ayer en un mismo acto la subida de los recibos del agua y del IBI. Eso sí, no será efectiva hasta enero de 2011.

La crisis económica y las exigencias de la Unión Europea repercutirán directamente sobre el bolsillo de cada granadino a partir del año que viene. El Ayuntamiento se encuentra en una situación muy delicada, con falta de liquidez, déficit y una deuda muy elevada, así que tiene que someterse a un plan de reequilibrio económico tutelado por la Junta de Andalucía hasta 2012.

En ese plan se incluye un aumento anual del principal impuesto que recauda el Ayuntamiento de Granada, el de Bienes Inmuebles (IBI). Es la forma más directa de incrementar los ingresos para compensar el déficit de otras partidas que en años anteriores habían reportado mucho dinero al Ayuuntamiento, como es la de los aprovechamientos urbanísticos.

El pleno municipal de ayer aprobó las nuevas ordenanzas fiscales del municipio para 2011, que incluyen una subida del IBI de un 3%. Pese a todo, el concejal de Economía, Juan Antonio Mérida, insistió en que el Ayuntamiento no está incrementando la presión fiscal. El edil destacó las bonificaciones, en especial del llamado IBI social. Esta medida tuvo un escaso éxito el año pasado, pero se han hecho algunos ajustes para que alcance a más ciudadanos.

La oposición (PSOE e IU) votaron en contra de esta subida y criticaron que estas subidas anuales del IBI no vayan aparejadas de una contención real del gasto, que es imprescindible para conseguir el reequilibrio.

La mayor expectación estuvo ayer en el momento en que el pleno afrontó la subida del recibo del agua, que será de un 12% de media o de 24 euros al año. El único voto en contra fue el de IU, que volvió a pedir que el dinero necesario para realizar las inversiones en infraestructuras que impone la Unión Europea se saque de los beneficios anuales de Emasagra.

PP y PSOE consensuaron hasta el último momento antes del pleno el voto y así se escenificó en el salón municipal, con palabras de elogio entre ambos representantes: Sebastián Pérez por parte del gobierno popular y Carmen García Raya, del PSOE.

Los socialistas estaban casi obligados a apoyar esta subida, ya que es la consecuencia de aplicar la nueva ley andaluza que impone a los ayuntamientos el canon que debe ser empleado en la construcción de infraestructuras dedicadas a la depuración total de las aguas.

Pero hay una parte de la subida que se aplica sobre la que el PSOE tiene dudas, que es la de los costes indirectos de la aplicación de la ley. García Raya pidió revisar los estudios realizados por los técnicos y esperar por si la Junta saca un reglamento por el que indemniza y sufraga esos costes.

Pese a que el PP rechazó ese aplazamiento y prometió revisarlo después si había algún cambio, el PSOE mantuvo ayer su voto positivo.

A diferencia de las declaraciones formuladas sólo un día antes por el concejal del PP Juan García Montero, que culpaba a la Junta de esta subida y eximía al Ayuntamiento de toda responsabilidad, el consejero delegado de Emasagra Sebastián Pérez, fue mucho más cauteloso en sus declaraciones, lo que contribuyó al acuerdo con el PSOE.