Nadie diría de antemano que el de interventor municipal es un puesto de riesgo, pero en el Ayuntamiento de Otura no parece un destino tranquilo para un funcionario, o al menos en el presente mandato.

Lo comenzó una interventora que se marchó. Pidió otro destino, según el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Granada, por desavenencias con el alcalde de la ciudad, Ignacio Fernández-Sanz (PP).

Esa misma interventora fue la que emitió informes en los que alertaba de la emisión de facturas por parte de la empresa de vivienda y suelo de la localidad "desconociéndose a quién ni a qué finalidad" fue a parar ese dinero pagado por el Ayuntamiento, en total 13.000 euros.

Esa es, de hecho, una de las supuestas irregularidades contables que el secretario municipal del Ayuntamiento de Otura, Gregorio Javier Marañón, denunció a finales de 2009 y que están siendo investigadas por un juzgado de Santa Fe.

La interventora en cuestión se marchó a otro destino y, el 29 de julio de 2009, y mediante una resolución de Alcaldía, se nombró a una sustituta accidental, pero ese nombramiento fue recurrido por la Junta de Andalucía, a quien el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada ha dado la razón. El Ayuntamiento de Otura ha recurrido la sentencia.

El fallo incide en que la persona nombrada es funcionaria de otro ayuntamiento y está trabajando en el de Otura en comisión de servicio. El Consistorio que preside Fernández-Sanz, resalta la sentencia, no puede considerarla "su funcionaria" ni acogerse por tanto al Real Decreto de las Corporaciones Locales que sí permiten nombrar con carácter accidental "a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado".

"El efecto de integración como personal propio en la Administración a la que se accede no se produce sin más mediante la comisión de servicio, sino que así se tiene que disponer expresamente", recalca el fallo.

Por otra parte, el PSOE reiteró ayer que la dirección provincial de PP debería pronunciarse sobre la situación política en Otura. Su secretario de Organización, José Entrena, recordó que el secretario municipal denunció la presunta emisión de facturas por la empresa de Vivienda y Suelo de Otura "sin que se acreditaran las obras o servicios realizados" y también "la supuesta utilización de fondos para gastos no permitidos por la ley obtenidos a través de la venta de parcelas y que constituyen patrimonio municipal de suelo".