Las multas que la Subdelegación del Gobierno ha puesto a siete personas de la extrema derecha y a 17 de la izquierda por realizar manifiestaciones xenófobas y en contra de España durante la celebración del Día de la Toma el pasado dos de enero, han desatado la polémica.

Así, según informó ayer SOS Racismo, buena parte de los 17 antifascistas multados "están imputados por hechos que no cometieron" y, además, en otros casos, ni siquiera asistieron al acto, como es el caso de uno de los afectados, que en esos momentos se encontraba en Cuenca.

Los 17 sancionados, que se han constituido en asamblea, aseguran que estas multas administrativas, en cuyo recurso ya están trabajando, violan derechos elementales, refiriéndose en concreto a la libertad de expresión. Así, indican que las notificaciones expedidas por la Subdelegación apuntan que han sido multados por participar en los actos de protesta contra la celebración "provocando reacciones en los grupos contrarios de ideología que se encontraban en la misma plaza".

Esos "grupos contrarios de ideología" a los que alude la denuncia eran, según valoran los multados, "grupos neo-nazis y neo-fascistas, que como todos los años acudieron a la Plaza del Carmen a gritar sus consignas racistas y xenófobas".

SOS Racismo Granada entiende que "el proceder represivo de la Subdelegación del Gobierno" no es un hecho aislado en la ciudad ya que, según asegura, "durante los últimos meses todo aquel que se opone a los planes del régimen, ya sean los afectados por el Trasvase del Río Castril, los vecinos de la Casa del Aire o los disidentes del 2 de enero, son sometidos a multas injustificadas e injustificables".