El Ayuntamiento de Otura ha tenido que dar marcha atrás a la medida disciplinaria que el alcalde, Ignacio Fernández-Sanz, ordenó contra el secretario municipal, Gregorio Marañón, al que se le abrió un expediente disciplinario para ver si se le podía sancionar por la comisión de faltas "de carácter grave o muy grave" en lo que el regidor entendía como "dejación de funciones" por parte del funcionario. El expediente se produjo poco después de que se hiciera público que Marañón había denunciado ante un Juzgado de Santa Fe al alcalde y al equipo de gobierno por cinco presuntos delitos de diversa índole.

La decisión fue dada a conocer por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada (Cosital) que aseguró ayer a través de un comunicado que Fernández-Sanz se ha visto obligado a dictar la resolución de anulación del expediente -para el que se llegó a citar a declarar al secretario hasta en tres ocasiones- por un requerimiento del subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz. La decisión, que fue ayer confirmada por fuentes municipales, se tomó el pasado martes aunque hasta ayer no se notificó al interesado. En el archivo del expediente también se acuerda que se revoque la suspensión de empleo y sueldo -a la que estaba obligada por una orden judicial- y a que se le paguen a Marañón las retribuciones que ha dejado de percibir hasta la fecha.

El Colegio vio como "muy positivo" lo que calificó como "la vuelta a la legalidad en las actuaciones de la primera autoridad municipal de Otura en cuanto al secretario se refiere, ya que resultaba de todo punto insostenible la continuación de un procedimiento disciplinario viciado de manera notoria por graves contravenciones legales".

El organismo que agrupa a los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local de Granada llevó a cabo ciertas gestiones ante la Subdelegación del Gobierno, cuyo "acierto" se ha visto refrendado por el requerimiento que ha sido finalmente cumplido.

Aún así, Cosital Granada mostró ayer "su preocupación" por la situación del empleado municipal, "especialmente por las ominosas condiciones impuestas por el alcalde al secretario en la reincorporación a su puesto de trabajo el pasado día 15 de este mes". De esta forma, el Colegio afirmó que dichas condiciones "en ningún caso pueden mantenerse ya que impiden el ejercicio más elemental de las funciones que la Legislación confiere al secretario del Ayuntamiento y constituyen una evidente afrenta a la dignidad del funcionario y de cualquier trabajador".

De hecho, esta situación a la que hace referencia el Colegio de secretarios parece ser el motivo de que el funcionario haya pedido que se le dé un mes de permiso sin sueldo. Según algunas fuentes consultadas ayer por este periódico, su situación en el trabajo le hizo que, desde que se incorporase a su puesto el pasado día 15, sólo haya ido a trabajar dos jornadas. En concreto, la primera, tras lo que se pidió dos días de asuntos propios, que amplió posteriormente a nueve, y en una segunda ocasión en la que solicitó que se le diera un permiso de 30 días sin retribución económica, por lo que se encuentra en su domicilio por voluntad propia, lo que también fue confirmado ayer por el Consistorio otureño.