Salud se ha quedado sin apoyos para su nuevo proyecto de ordenación de la gestión clínica. Todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial de sanidad (CCOO, UGT, CSI.F, Satse y Sindicato Médico) han exigido a Salud que retire el documento, que lo negocie o presente otro con modificaciones. Y es que consideran que hay puntos insalvables como el 'poder' que se da a los directores de las futuras unidades de gestión o el futuro que le espera al SAS con este modelo, que quiere trasladar el funcionamiento del sector privado a las unidades de gestión, que podrán funcionar como microempresas dentro de un hospital o distrito sanitario. Microempresas independientes en gestión del personal y de recursos.

Según la secretaria general de Sanidad de CCOO, Teresa Jerez, "en el año 1999 firmamos con Satse la antigua normativa de unidades de gestión pero ahora el nuevo borrador difiere mucho". Para el sindicato lo peor es "el poder que se da al director de la unidad y la poca participación o poder de actuación que se deja a los sindicatos". "Salud dice que sólo se regula la gestión clínica pero se ha incluido también el tema laboral con una orientación no en cuanto a actuación sanitaria sino de tipo economicista", matiza Jerez, para la que "trabajar por objetivos o incentivos no es bueno".

Según CCOO la nueva estructura no va a revertir "en mejorar la calidad asistencial con un modelo privado de gestión en el que los trabajadores dependerán de la capacidad de su director. Cuando dependes de tu propio jefe es malo porque se abren cuestiones personales y por tanto nos preocupan las condiciones laborales de los trabajadores". Pero es más, CCOO advierte de "hacia dónde va el sistema" con este nuevo decreto, que ha "torcido una idea que en principio era buena".

Y es que, al director de la unidad de gestión se le da la capacidad de organizar y gestionar no sólo las actividades asistenciales sino también los "recursos humanos, materiales y económicos asignados". Así, podrá proponer a la dirección del centro "los cambios que considere necesarios en la organización estructural y funcional de la unidad para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos". Pero es más, el director elaborará los mapas de competencias del personal; propondrá la convocatoria para las coberturas de plazas vacantes en régimen eventual, interino o definitivo; establecerá el horario de trabajo de los profesionales en función de las necesidades asistenciales y objetivos; autorizará los permisos y licencias; evaluará las actividades del personal; autorizará la asistencia a cursos; controlará el absentismo y repartirá la bolsa de incentivos obtenidos, entre otros.

"Este texto supone un atentado contra los documentos negociados en los últimos años. Los jefes tendrán competencias que no les corresponden como en todo el aspecto laboral ya que podrán incluso convocar oposiciones y definir la contratación por perfiles. De hecho, son 15 o 20 puntos en los que se incumplen normativas", sentencia el responsable de sanidad de CSI.F, Fernando Muñoz, quien dice que con el nuevo proyecto se convierten los servicios en pequeños "reinos de taifas en un sistema que quita todo el control sindical y que supone volver a tiempos pasados de autoritarismo y jefe único, por lo que no entramos a negociar el documento", que además dice que lleva detrás un "ahorro de gastos a cambio de presionar al trabajador".

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Médico de Granada, Carmen Serrano, matizó que es "bueno plantear cambios pero en otro momento y con otra coyuntura económica más cuando se quiere transformar el sistema en una actividad casi empresarial en la que los criterios y valores son todos economicistas y exigiendo corresponsabilidad sólo a los profesionales".

Serrano augura una "presión" excesiva al trabajador con este sistema al que se oponen frontalmente ya que modifica por completo el esquema de funcionamiento sanitario que convertirá al sistema en un "totus revolutum". Por no hablar de la movilidad, que podrá afectar a los trabajadores pertenecientes a unidades de gestión intercentros o interniveles.

Desde el sindicato de enfermería Satse también están en contra del decreto y acusan a la Junta de "iniciar una privatización encubierta del SAS" fragmentándolo en múltiples "centros de decisión que romperán la homogeneidad en la asistencia sanitaria al ciudadano". A juicio de Satse, "la única diferencia real entre un empresario que ofrece asistencia sanitaria privada y un director de estas unidades es que este último utilizaría los fondos públicos sin arriesgar nada en su gestión y beneficiándose personalmente, vía incentivos, de los ahorros que pueda generar". Además, critica que "colocará y consolidará en la estructura de poder a los directores afines" y que "elimina los elementos de control suprimiendo muchos de los cargos intermedios que conforman, a día de hoy, la garantía de una provisión de cuidados acorde a las necesidades de los ciudadanos".

También considera Satse que el decreto abre la puerta a alianzas estratégicas con otros organismos distintos al SAS y entes privados" y que la "enfermería perdería su autonomía como profesión pues los objetivos y evaluación dependerán de los directores de las unidades".

Por todo esto, los sindicatos exigen a Salud que retire el documento y negocie uno nuevo mientras esperan respuesta oficial.