Las ayudas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC), dejan en un segundo plano a Andalucía y en concreto a Granada con unas pérdidas que alcanzarían, en 2020, los 175 millones de euros. Así lo aseguró ayer el portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento, Miguel Castellano, que denunció que el Partido Popular pretende con este nuevo reparto "discriminar a Andalucía" respecto a otras comunidades autónomas. Hasta 35 millones de euros se espera que reciba de menos la provincia en ayudas y subvenciones para el desarrollo rural en el presente año y que, a la larga, supondría un total de 175 millones.

El socialista aseguró que la provincia de Granada es una de las más perjudicadas en este nuevo reparto debido a que el 90% de su territorio pertenece al medio rural con un total de 161 ayuntamientos que se ven afectados ante esta partición presupuestaria. Dentro de esta política agraria se encuentran tanto ayudas directas como ayudas al desarrollo rural por lo que la disminución de recursos económicos incumbe tanto a la producción agrícola y ganadera como a las líneas de apoyo de los municipios en el medio rural.

El PSOE anunció que con esta reducción, un total de 100.000 personas en toda la provincia se verán afectadas de forma directa ya sea por ser agricultores, ganaderos, trabajadores en cooperativas, comunidades regantes, etc. Esto se traduce, según argumentó Castellano, en que "habrá zonas de cultivo abandonadas, menos empleo en el medio rural, terrenos baldíos, menos actividad en las cooperativas y en la industria agroalimentaria, y por tanto, menos empleo en el medio rural, menos producción, menos índice de riqueza y menos bienestar". Además, Castellano recordó que estas ayudas también son fundamentales para los ayuntamientos cuya economía se apoya en el medio rural y que dependen directamente de ellas para su desarrollo. Por ello, el partido socialista presentará un escrito ante el parlamento autonómico y el Congreso para instar al Gobierno a que reúna de "manera urgente" a la conferencia sectorial de Agricultura para que todas las comunidades autónomas puedan reivindicar una nueva negociación.