Si bien los trabajadores municipales de Almuñécar cobrarán sus nóminas del mes de marzo, el Ayuntamiento ha entrado en suspensión de pagos por un periodo que puede durar hasta agosto. Así se lo manifestó a la propia plantilla el alcalde, Juan Carlos Benavides, a la que convocó ayer a una reunión de urgencia para explicarle la situación que viven las arcas municipales. 

El equipo de gobierno sexitano responsabilizó a la Junta de Andalucía de esta circunstancia, así como a la Diputación Provincial, a la que acusó –tras el cambio de adjudicatario del servicio de Recaudación– de no haber facilitado la información fiscal de los contribuyentes de Almuñécar “en un formato digital legible”, sino que “la ha enviado poco a poco y en un formato totalmente ilegible sobre el que es imposible trabajar, salvo de forma manual, lo que nos lleva a no poder hacer uso de los datos, que son propiedad del Ayuntamiento y que en su día nosotros le facilitamos a la APAT para que pudiera realizar la gestión recaudatoria”.

Benavides afirmó que el organismo provincial ha puesto en marcha “una batería de medidas jurídicas para intentar provocar la quiebra del Ayuntamiento”, señalando que al no facilitar la información fiscal pone “en riesgo el funcionamiento de la administración municipal”. Y añadió que “toda esta situación responde a la intención de la Junta de desestabilizar al Ayuntamiento económicamente, ya que no lo han logrado por la vía política y judicial”. 

En el encuentro, el alcalde les comunicó que desde ayer “el Ayuntamiento entra en suspensión de pagos por un periodo que, mucho nos tememos, puede durar hasta agosto”. Aunque les explicó que cobrarán la nómina de marzo “porque ya estaban los fondos previstos”, indicó que a partir de entonces no puede comprometerse a más. Asimismo, anunció “un recorte drástico de todos los contratos, aunque se le dará prioridad absoluta al pago de las nóminas”. 

Otro argumento para justificar la suspensión de pagos a trabajadores y proveedores es la imposibilidad de hacer uso de una póliza de 1.700.000 euros que depositó la UTE adjudicataria de la recaudación “avalada por Caja Rural, para garantizar la tesorería en los próximos meses”. Sin embargo, el edil aseguró que no hay ninguna sentencia que anule el acuerdo del Ayuntamiento de adjudicación del servicio, y que la Junta “se ha equivocado y ha presentado denuncia contra el pliego aprobado en agosto de 2008”, que fue rectificado con posterioridad. 

Por último,  aseveró que “la APAT de la Diputación no volverá a prestar el servicio de Recaudación en Almuñécar, ya que no vamos a aceptar el juego de coacción y chantaje de  Junta y PSOE”.

En su discurso, Benavides no hizo ninguna referencia ni al dinero gastado por el Ayuntamiento en servicios jurídicos, ni al dedicado a organizar el reciente referéndum sobre el PGOU.