En Nívar se encuentra el Castillejo, un monumento que, según los investigadores, es mucho más que un castillo y una necrópolis. Se trata de un enclave arqueológico de gran valor histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, con una singular protección y tutela. Pese a ello, en enero de 2007, sufrió graves daños como consecuencia de la voraz acción de las máquinas excavadoras al comenzar la construcción de una urbanización en las parcelas de su entorno.

Esas obras, que fueron permitidas por el Ayuntamiento tras aprobar el correspondiente plan parcial, llevarán este año al banquillo de los acusados al alcalde de Nívar, Antonio Molero Fernández, y a otras tres personas, por la presunta comisión de dos delitos: uno de prevaricación y otro de daños al patrimonio histórico.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación del caso -de la que se encargó el Juzgado de Instrucción número 7- ya ha concluido y se ha remitido el expediente al Juzgado de lo Penal 3 de la capital para su enjuiciamiento. Las mismas fuentes precisaron que aún no se ha fijado fecha para el juicio, pero todo apunta a que no será antes de mayo, ya que ese mismo órgano tiene reservados numerosos días de los meses de marzo y abril para enjuiciar el caso Nevada.

Este diario ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, emitido en abril de 2009 y en el que se relatan las supuestas ilegalidades cometidas por los procesados, entre los que también figuran como posibles responsables civiles subsidiarias dos entidades: Las Delicias de Nívar y Hermanos García Motril.

Tanto éstas como los acusados se enfrentan al pago de una indemnización de casi un millón de euros a la Junta de Andalucía por los graves daños sufridos por el yacimiento del Castillejo. Exactamente la cantidad que el Ministerio Público solicita, en caso de condena, es de 953.007 euros, a fin de que se invierta en la "restauración del yacimiento y en la reversión en lo posible de los daños causados, conforme al proyecto que se redacte al efecto".

Las penas que se piden para el primer edil son ocho años de inhabilitación por el posible delito de prevaricación, dos de prisión por los daños al patrimonio y multa de 10.800 euros. Los tres acusados restantes son J. A. F. P. (propietario y promotor privado de las obras de urbanización), M. G. J. (contratista de los trabajos de explanación y desmonte) y J. B. H. (conductor de la pala retroexcavadora). Para este último, el Ministerio Fiscal reclama la menor condena: un año de prisión y 2.160 euros de multa, al entender que se limitó a seguir puntualmente las indicaciones de su empleador.

Las máquinas llegaron a realizar dos grandes viales a través de grandes desmontes en el Cerro del Castillejo que suponen, según resalta el fiscal, "una afección irreversible del paisaje". Además, los movimientos de tierras dejaron a la luz huesos humanos, así como objetos de cerámica de carácter doméstico, abundante teja, tinajas de cordones y fragmentos de jarras; restos que incluso fueron apilados manualmente tras su aparición.

El fiscal asegura que la pala excavadora destruyó "numerosas tumbas", un extremo que fue constatado por un arqueólogo de la Delegación Provincial de Cultura el 27 de abril de 2007. La visita del técnico a la zona para inspeccionarla se produjo después de que un grupo de vecinos alertara a un diputado provincial de IU, Julio Bernardo, de lo que estaba ocurriendo allí y éste lo pusiera en conocimiento de la administración autonómica. Los vecinos llegaron incluso a entregar al diputado, como muestra, varios restos de los que habían sido amontonados por los obreros.

También se personaron en el yacimiento los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que comprobaron in situ los daños arqueológicos causados por el movimiento de tierras con maquinaria pesada y los comunicaron al juzgado, al entender que podrían constituir un delito de daños al patrimonio histórico.

La Fiscalía destaca que el arqueólogo enviado por Cultura vio en las zonas inferiores de las fosas cómo estaban esparcidos abundantes restos óseos como resultado de la destrucción de las tumbas. El técnico pudo comprobar en ese momento "que las obras efectuadas suponían una pérdida importante e irreparable de este yacimiento arqueológico".

Sobre la conducta del alcalde del municipio, Antonio Molero, el Ministerio Público pone de relieve que, pese a conocer que el Castillejo era un BIC, aprovechó que las Normas Subsidiarias de Nívar clasificaban como suelo urbanizable los terrenos en los que se sitúa, y "decidió permitir" la realización de las obras.

Dichas obras fueron así autorizadas "a sabiendas de que supondrían necesariamente la modificación radical del entorno del BIC, la más que segura afectación del yacimiento arqueológico e incluso la afectación de la estructura defensiva y necrópolis del propio Castillejo", señala el escrito de acusación.

La actuación fue permitida además presuntamente sin hacer ningún tipo de advertencia y sin recabar ningún tipo de autorización de la Consejería de Cultura de la Junta. Y es que, según sostiene el fiscal, cualquier intervención de la administración llamada a velar por la protección del bien cultural hubiera frustrado las obras de urbanización pretendidas.

El plan parcial del Castillejo se aprobó en 2004 "con el solo informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo", si bien las obras no comenzaron hasta en enero de 2007. Fueron paralizadas en cuanto se descubrieron los daños.