Segundo intento para rescatar las arcas municipales. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, puso ayer de nuevo sobre la mesa el plan de ajuste, en esta ocasión en versión "acelerada". Si el anterior pretendía mejorar la economía municipal en una horquilla de diez años, el de ayer plantea cambios estructurales de 2018 a 2022 con un inconveniente: vuelve a incorporar la subida del IBI, la medida más criticada por la oposición. No obstante, el edil socialista se mostró ayer confiado de alcanzar acuerdos. Todo, para lograr absorber nada menos que 90 millones de euros de remanente negativo de tesorería, el desfase entre ingresos y gastos, en un plazo de cinco años.

Lo primero que destaca del plan es que se estima un incremento anual en la liquidez del Ayuntamiento como consecuencia de la citada subida lineal del 4% de los valores catastrales manteniéndose el tipo impositivo del padrón del IBI. Ese aumento supone un incremento de los ingresos de 2018 de 2.744.965 euros frente a lo recabado en 2017. El incremento será de 2.853.669 en 2019 sobre 2018 mientras que en 2020 supondrá un incremento de 2.967.816 euros frente a 2019. En este sentido, Oliver destacó que, de forma paralela el Ayuntamiento, va a congelar todos los impuestos. El problema es que el ciudadano soportará igualmente la citada subida del valor catastral. Si en 2016 la capital ingresó 65.775.509 euros por el IBI, para 2020 espera alcanzar los 77.163.222 euros.

Hemos buscado un tratamiento de choque con los menores efectos para la ciudadanía"

Cabe resaltar que el equipo de Gobierno también ha modificado el punto que proponía la eliminación de la bonificación del 5% del recibo del IBI a quienes lo tengan domiciliado. Según explicó Oliver, aunque se mantiene, la idea es que se lleve a cabo con criterios de progresividad para que las familias con valores catastrales más bajos se beneficien de esta bonificación. El resto tendrá que asumir una subida extra del 5%. En total, según criticó ayer el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, habrá quien sufra un aumento del impuesto del 9%. También se mantiene la decisión de eliminar la bonificación a los impuestos de vehículos de más de 25 años. La primera medida supondrá un ingreso extra de 1.601.949 euros y, la segunda, de tan sólo 144.441.

Dentro de los ingresos también se prevé aumentar las cantidades, por ejemplo, con la creación de una nueva tasa por ocupación del dominio público a las compañías del suministro de energía (cuyo estudio económico está pendiente) o el incremento de la tasa por estacionamiento de vehículos ORA ante el aumento de las plazas de aparcamiento. En concreto se prevé pasar de las 2.424 a las 3.135. Aunque, según detalló Oliver, la gran medida en materia de ingresos pasa por aumentar la inspección de tributos para garantizar que se cobran. "Hay que perseguir al defraudador tributario y vamos a hacer un especial hincapié", remarcó el concejal que vio viable esta medida teniendo en cuenta que se ha ampliado la plantilla para tal fin. Esto podrá incrementar hasta un 40% sobre las previsiones que se hicieron en el informe de Previsiones de Ingresos para la elaboración del presupuesto de 2017. La nueva concesión de los servicios ORA y grúa también brindará liquidez. En cuanto a la ORA, pendiente de adjudicación, se ha modificado de tarifa a tasa lo que también generará ingresos.

El otro gran mecanismo para sanear la economía municipal centrará sus esfuerzos en el capítulo de Personal. El Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de amortizar las plazas por jubilación durante los próximos cinco años salvo en la Policía Local y en los Bomberos dado el grave déficit de plantilla que soportan ambos cuerpos de seguridad.

Además, también se trabaja para reducir el gasto en horas extraordinarias. El importe previsto para 2018 se cifra en 300.000 euros, lo que supone un ahorro respecto a 2016 en torno a 855.000 euros. También se prevé la revisión de la situación laboral y de los costes salariales del personal procedente de la integración de los organismos autónomos y las empresas municipales.

El otro gran cambio pretende la revisión de los grandes contratos como el de Inagra, que finaliza el 31 de diciembre de 2020 y que podría minorarse en 2.134.378 euros sin menoscabo en la viabilidad económica de la concesión o la revisión de los contratos de telefonía, servicios de portería-conserjería en los colegios municipales, o la conservación y renovación de las instalaciones de alumbrado público. También, según explicó el concejal de Economía, está previsto una reducción de la subvención al transporte mediante el esperado rediseño de las líneas de autobús tras la llegada del Metro. "El objetivo es lograr un coste en torno a doce o trece millones de euros frente a la previsión actual que estima 19 millones para 2020".

El Ayuntamiento ha apostado por acogerse a la propuesta que hace el Gobierno para convertir la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por un total de 36 millones de euros, lo cual es "un respiro, que no una solución". Cabe resaltar que el Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo una importante reducción de capítulo de gasto con un techo máximo de 96 millones de euros frente a los 105 previstos en la actualidad durante los próximos cinco años. No obstante, Oliver destacó que se trata de un documento abierto que tendrá que consensuar con los grupos municipales de cara a su aprobación en pleno. En este sentido, avanzó que se van a llevar a cabo reuniones para debatir las medidas para, a mediados de octubre, celebrar un pleno extraordinario que dé luz verde al documento. Sobre esto, remarcó que se han suprimido algunas de las propuestas presentadas como la eliminación de las asignaciones a los grupos o del seguro privado de Adeslas para un conjunto de trabajadores que ha chocado con un problema jurídico y de carácter sindical.

"Lo que se ha hecho es buscar un tratamiento de choque con los menores efectos secundarios para la ciudadanía", enfatizó Oliver sobre un plan de ajuste va a incidir de forma mayoritaria en la gestión ordinaria del Ayuntamiento.