García Calderón propone luchar contra la corrupción como "crimen organizado"

  • El fiscal superior de Andalucía plantea crear un Observatorio para analizar el fenómeno

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El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, considera que la corrupción en España deber ser considerada como una forma de "crimen organizado" y propone, para luchar contra esta lacra y someterla a continuo análisis, la creación de un Observatorio -similar al que existe en el caso de la violencia de género- que dependa de la Fiscalía General del Estado (FGE) o sea sometido a control parlamentario.

García Calderón, que pronunció ayer la conferencia La corrupción en España en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, considera además necesaria una "regulación nueva de los delitos societarios", para que se consideren delictivas "aquellas cantidades que se sustraen de las corporaciones mercantiles o sociedades" para el abono de retribuciones de altos directivos, gerentes o administradores cuando tienen una "clara voluntad apropiatoria" y "persiguen confiscar, más que percibir, un salario".

"Es inconcebible que empresas donde hay retribuciones de 10, 11, 12, 13 o 14 millones de euros sean despedidos cientos de trabajadores en un ERE. Esa cantidad de dinero supone un atentado contra el empleo, y el empleo tiene que empezar a ser considerado un bien jurídico por el derecho penal", apuntó el fiscal, para quien la reforma de los delitos societarios "no sólo tiene que proteger la viabilidad económica de la empresa sino también la viabilidad como una fuente de empleo", porque éste, dijo, "debe ser tutelado por el Derecho".

Asimismo, García Calderón cree "urgente" que el Código Procesal Penal se promulgue, porque, por un lado, "es preciso hacer una acotación temporal del proceso" y, por otro, que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción de los casos. Según argumentó, los procesos de corrupción "no pueden durar el tiempo que duran en la fase de investigación" sino que deben limitarse en el tiempo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las investigaciones que realiza la Fiscalía (acotados en seis meses prorrogables), lo que, a su entender, no es "ni mucho menos imposible".

Así, esa "acotación" podría ser flexible, pero, en su opinión, no puede continuar como hasta ahora "con un carácter casi indefinido" porque las situaciones "graves de corrupción" generan, si las investigaciones se dilatan, una "sensación de impunidad" y una "gran preocupación" en la opinión pública.

El fiscal superior aboga también por "establecer un imperativo presupuestario" que permita que el dinero incautado en las grandes investigaciones de corrupción se dedique "necesariamente" a la lucha contra este tipo de criminalidad, como ocurre en el caso de las multas de tráfico o en los delitos por narcotráfico.

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