Granada

Tildan de "vergonzosa" la propuesta de nuevos juzgados para Granada

  • El Sindicato Profesional de Justicia lamenta que el CGPJ aparque la creación en Granada del "necesario" Juzgado Mercantil nº 2

El Juzgado de lo Mercantil iba a ubicarse en La Caleta.

El Juzgado de lo Mercantil iba a ubicarse en La Caleta.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por 19 votos a favor y dos en contra, el informe al proyecto de Real Decreto por el que se crean 89 unidades judiciales dentro de la programación de 2017 para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes, aunque reitera la necesidad de ser aún más ambiciosos en este proyecto.

Este informe sólo recoge una de las demandas de la provincia de Granada, un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Santa Fe. Quedan fuera otras reivindicaciones, como una tercera sección Penal de la Audiencia Provincial y la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil, que estaba previsto que se ubicara en el edificio de La Caleta. En Andalucía sí se ha previsto el refuerzo de esta jurisdicción, con la apertura de un tercer juzgado de lo Mercantil en Sevilla.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 recogían el nuevo juzgado de lo Mercantil

Desde el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) tildaron ayer esta decisión de " vergonzosa y lamentable" después de "8 años sin la creación de ningún órgano judicial en Granada", ya que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estaba prevista la creación de este juzgado de lo Mercantil en Granada.

En 2015, el consejero de Justicia e Interior del momento, Emilio de Llera, puso de manifiesto que todo estaba todo dispuesto para la instauración y dotación de 13 nuevos juzgados en Andalucía, entre ellos el que ha quedado fuera del Real Decreto del CGPJ. Después de un 2016 marcado por un Gobierno en funciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el mes de febrero de 2017, manifestó públicamente la ampliación de la Planta Judicial, que podría estar operativa entre mayo y julio de este año.

"Dentro de este navegar sin rumbo ni timonel, observamos que para Granada y provincia se nos deja fuera de esos proyectos, para conformarnos con unas migajas que no cubren en nuestra provincia unas necesidades mínimas de juzgados según las cargas de trabajo, totalmente referenciadas en las memorias anuales del TSJA", lamentan desde el sindicato para certificar el annus horribilis de la infraestructura judicial en la capital por el posible traslado a Málaga y Sevilla de las nuevas secciones de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una decisión contestada por la propia Junta de Andalucía y que afectaría a la capitalidad judicial de Granada.

En cuanto a la decisión del Consejo General del Poder Judicial, SPJ-USO ha presentado un escrito ante el Ministerio de Justicia solicitando la urgente modificación del borrador trasladado, antes de la aprobación del Real Decreto, donde se incluya, entre otros, el "imprescindible" Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Granada. "El único Juzgado de lo Mercantil de Granada existente a día de hoy es un órgano tremendamente colapsado, que está reforzado con una funcionaria del servicio de apoyo y dos funcionarios interinos de refuerzo, dada la situación de desborde laboral que vive dicho órgano judicial", señalan en una nota desde el sindicato, que recuerda que, en la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se especifica que dicho órgano recibe más del doble de los asuntos que debería recibir en función de la plantilla que tiene, y solicita la creación del segundo Mercantil.

También solicitan la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia ya que, según la Memoria del TSJA, los que ya existen en Granada ingresan 1.600 asuntos anuales cada uno, cuando la cifra óptima es de 884, además de un nuevo Juzgado de lo Penal por el "desbordamiento" en materia de Ejecutoria.

En cualquier caso, el informe del CGPJ subraya que todos los juzgados previstos son necesarios y se requiere seguir ampliando la planta judicial para favorecer una distribución de las cargas de trabajo existentes y permitir así una adecuada respuesta a la ciudadanía.

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