El socialista Noel López, reelegido alcalde de Maracena con mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Granada los próximos días 16 y 17 de este mes. Lo hará como presunto autor de un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales y de otro de prevaricación por continuar unas obras en un colector de aguas residuales pese a haber sido paralizadas por un juzgado. La vista, según informaron fuentes del tribunal granadino a este diario está señalada en la Sección Primera.

Por los dos delitos que se le imputan, la Fiscalía de Granada solicita que sea condenado a un total de 9 años de inhabilitación para cargo público y multa de 2.520 euros. En concreto, por el delito de desobediencia reclama el pago de la multa (siete meses a una cuota diaria de 12 euros) y un año de inhabilitación, mientras que por la supuesta prevaricación pide que sea condenado a ocho años de inhabilitación más.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este diario. En el documento, emitido tras ser investigado el caso por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, la Fiscalía le acusa de haber decidido, como alcalde y en fechas anteriores al mes de octubre de 2011, "iniciar materialmente las obras de un colector de aguas residuales" sobre unos terrenos situados en el municipio que son propiedad de seis particulares, "sin contar con la autorización de ninguno de tales legítimos propietarios y contra la expresa voluntad manifestada en tal sentido por la Junta de Compensación, soslayando las competencias legalmente atribuidas a la misma".

Ante la decisión del alcalde, los propietarios de estas tierras -que están en la Unidad de Ejecución Urbanizable 14 de Maracena-, interpusieron un recurso contencioso-administrativo que provocó, el 4 de octubre de ese año, una orden de "completa paralización de las obras" del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de la capital. Se trataba de una medida cautelar que luego fue ratificada el día 7 del mismo mes. Sin embargo, el acusado, "consciente de su improcedencia, y a sabiendas de la evidente y manifiesta vulneración que ello supondría, decidió la continuación de las obras", indica el fiscal. Es más, según prosigue en su escrito, éstas fueron materializándose ininterrumpidamente en los siguientes días, "supuestamente amparado en una tan ficticia como fraudulenta pero en realidad inexistente legalidad".

El Ministerio Público explica que además, "con anterioridad", el acusado había dictado resolución "acordando el cambio del sistema de compensación al de cooperación para así imponer la ocupación forzosa de los terrenos afectados". Lo hizo "bajo el paraguas" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y aunque fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Maracena el 24 de junio de 2011, "ninguna efectividad podía tener en tanto no estuviese definitivamente aprobado el proyecto de reparcelación".

Así, pese a estar vigente la paralización judicial de las obras, el proyecto de reparcelación fue aprobado en el pleno del 8 de noviembre de 2011, "con lo que la continuación efectiva de las obras siguió adelante", recuerda el fiscal, que cree que López actuó "en la deliberada y única pretensión (...) de soslayar el mandato judicial, entendiéndolo revocado de hecho".