Después de haber afrontado ya una larga lista de litigios, condenas y absoluciones, la mayoría por prevaricación, el polémico exalcalde de Cogollos Vega Francisco Luzón se enfrentará a un juicio en el que la Fiscalía plantea una elevada petición de penas de prisión, inhabilitación y multas -320.000 euros en total-, pues atribuye a los acusados delitos tan graves como el cohecho o el blanqueo de capitales. En especial, la acusación apunta al secretario municipal, para quien las peticiones suman 10 años de cárcel y 130.000 euros de sanción.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Granada acusa a cinco personas, el exregidor, un arquitecto municipal, el secretario, su esposa y su cuñada de participar y beneficiarse de los hechos delictivos que habrían permitido la construcción de un edificio de viviendas en un solar del pueblo donde antes había una almazara y, por tanto, era suelo industrial que fue recalificado de forma ilegal.

La esposa y la cuñada del secretario se enfrentan a 4 años de cárcel por blanqueoVarios de los acusados habrían recibido dinero y garajes de la constructora

El escrito de la fiscal Sara Muñoz-Cobo expone que los dos principales acusados, el que fue alcalde independiente entre 2003 y 2011 y el secretario-interventor municipal "se concertaron entre sí" para desarrollar una operación en el municipio que, "contraviniendo la normativa urbanística, redundaría en beneficio de un promotor inmobiliario".

El que era alcalde cuando sucedieron los hechos (entre 2003 y 2008) es en realidad el acusado que afronta la pena menos elevada de prisión, dos años, por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística. Aunque hay que sumar 9 años de inhabilitación para cargo público. La Fiscalía describe cómo aprovechó su cargo de regidor para ir sorteando la legalidad urbanística durante varios años hasta tramitar los cambios en el planeamiento del municipio y otorgar las licencias necesarias para la construcción del edificio de viviendas de la calle Paseo Peñón de la Mata. La Fiscalía pide también la demolición del inmueble y asegurar las indemnizaciones a terceros.

En ese proceso de modificación irregular de las normas subsidiarias de Cogollos Vega y la aprobación de un plan especial de reforma interior para cambiar los usos del solar, el acusado habría contado con la participación del secretario y del arquitecto municipal, que firmaron los informes técnicos y jurídicos bajo los que se amparaban esos cambios urbanísticos.

En el inicio del proceso, en 2003, el anterior arquitecto municipal informó negativamente sobre la propuesta, al exponer que, en lugar de una mera modificación puntual, tendría que tramitarse una revisión de la normas subsidiarias (redacción de un plan general de ordenación urbana, que ha de aprobar la Junta de Andalucía), dado que lo pretendido era un cambio sustancial.

Según expone la fiscal del caso, el Ayuntamiento prescindió de los servicios de este arquitecto y contrató al ahora acusado, J.C.G.A., que era el jefe de obra de la empresa que promovía el edificio de viviendas proyectado. El ministerio público sostiene que el cambio se hizo para "poder influir en él y lograr los informes favorables necesarios para la recalificación de terrenos".

Además del delito continuado de prevaricación urbanística, la fiscal acusa al arquitecto de cohecho, pues sostiene que, "en contraprestación o retribución por sus informes contrarios a la legalidad" recibió dos garajes y un trastero en el mismo edificio construido. Se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel, 9 de inhabilitación para empleo o cargo público y 30.000 euros de multa.

El acusado sobre el que pivota la mayor parte de la responsabilidad de este caso es el secretario-interventor, Manuel Hidalgo, que se enfrenta a 10 años de cárcel, 9 de inhabilitación y 130.000 euros de sanción por cuatro delitos: prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, cohecho y blanqueo de capitales.

La Fiscalía sostiene que Hidalgo estuvo concertado desde el principio con el exregidor para llevar a cabo la recalificación del suelo industrial que permitiera a la empresa Duaro SL la construcción del edificio de viviendas sobre el suelo industrial. Estos cambios habrían provocado un perjuicio al municipio, porque del modo en que fueron tramitados no se tuvieron en cuenta, entre otras cosas, las compensaciones de suelos dotacionales (para equipamientos públicos, deportivos, culturales...) que serían preceptivas.

El secretario avaló con sus informes contrarios a la legalidad todo el proceso de cambio normativo, lo que sería una conducta prevaricadora. Pero en su caso también constata la Fiscalía que recibió contraprestaciones de la empresa promotora. Desde julio de 2006 habría comenzado a percibir 3.600 euros mensuales de la sociedad Duaro por trabajos de "desarrollo urbanístico".

"Para esconder la relación de trato de favor ", los honorarios eran abonados a su esposa, E. F. M. Más tarde, según el relato de la fiscal, una vez que esa relación se hizo pública en prensa, los 46.391 euros que la empresa reconoció seguir debiéndole, fueron abonados al secretario a través de su cuñada, E.C.A., que recibió ese dinero por medio de una dación en pago de 5 garajes en el mismo edificio de viviendas.

Las dos familiares de Hidalgo están acusadas de un delito de blanqueo de capitales y la Fiscalía pide para cada una de ellas 4 años de prisión y 80.000 euros de multa. En caso de no abonar la sanción, el ministerio público propone el arresto sustitutorio.

Además de las elevadas multas que pide a los acusados de haber recibido contraprestaciones de la promotora, la fiscal reclama el comiso de los bienes y ganancias obtenidas ilegalmente en esta operación.

También propone el ministerio público que se abra pieza separada relativa a la responsabilidad civil de los hechos, medidas cautelares para garantizar responsabilidades pecuniarias e indagaciones sobre la situación económica del principal acusado.