El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada es desde ayer el único de la provincia al que deben ir encaminadas todas las demandas relacionadas con la reclamación a los bancos de las cláusulas suelo y otro tipo de gastos concernientes a las hipotecas. La medida impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que según los jueces va a provocar un "colapso", se ve agravada por la falta de medios de refuerzo. "No hay nada, solo una habitación pintada, pero ni jueces ni secretarios...", denunció ayer el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, quien recordó la promesa de poner medios adicionales antes de que entrara en funcionamiento el juzgado especializado.

Jueces, letrados de la administración de justicia (antes llamados secretarios), procuradores y abogados en general se mostraron ayer unidos en contra de la medida adoptada por el CGPJ sobre la especialización de juzgados de primera instancia en cada provincia para resolver los pleitos de cláusulas hipotecarias.

El juez decano asegura que la medida está "abocada al fracaso" y que retrasará los procesosLa Junta de Andalucía "no comparte" el plan pero lo apoyará porque "no es insumisa"

Rodríguez Alcázar ofreció ayer una rueda de prensa para exponer los acuerdos de la junta de jueces de Primera Instancia, que apoyó un comunicado de protesta común en las ocho provincias andaluzas, en el que alertan del "colapso" y del "retraso en la tramitación" que se va a producir en cuanto comiencen a entrar en cada uno de los juzgados especializados en cada provincial los asuntos relacionados con las cláusulas hipotecarias.

El juez decano de Granada ha lamentado que la decisión la tomara el CGPJ de manera "unilateral" y sin contar con asociaciones judiciales, colegios de abogados y procuradores ni funcionarios y ha pronosticado que la carga de trabajo no será "asumible". "Tenemos plena seguridad de que la medida está abocada al fracaso", han alertado los jueces en su comunicado.

Aunque esta medida podría aliviar de trabajo al resto de juzgados de primera instancia que hasta ahora conocían este tipo de asuntos, sus titulares se mostraron ayer unidos en contra de esta medida y están dispuestos a seguir asumiendo esa tarea. "No entendemos el interés del Consejo de ir contra viento y marea", agregó el juez decano de Granada, quien sostiene que actualmente se está dando una "respuesta razonable" a este tipo de demandas.

Rodríguez Alcázar explicó que en la primera reunión que hubo entre el CGPJ y los jueces decanos españoles les aseguraron que "no se pondría en marcha nada si no se habilitaban los medios necesarios". Lo prometido era un juez de refuerzo, un letrado de la administración y siete funcionarios. De todo eso, el juez aseguró ayer que aún no había nada, salvo la habitación que se había pintado. "El Juzgado de Primera Instancia 9 hoy sigue igual, con el mismo juez, secretario y funcionarios y no sabemos cuándo estarán los medios necesarios", agregó el portavoz de la judicatura en la provincia.

Por su parte, los abogados andaluces han decidido recurrir judicialmente la medida adoptada por el CGPJ. El pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados aprobó ayer en Granada, por unanimidad, interponer un recurso contencioso-administrativo contra la creación de juzgados únicos especializados en cláusulas suelo.

La abogacía considera "muy desacertada y descabellada" la solución que se propugna para la previsible avalancha de demandas, ya que necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos y producirá graves dilaciones en el tiempo de respuesta judicial, dada la insuficiencia de esos juzgados únicos provinciales.

Para los abogados, reunidos en Granada, esta medida va en perjuicio de los ciudadanos reclamantes, que además para defender sus derechos tendrán que desplazarse desde los distintos partidos judiciales a la capital.

Todo ello con el consecuente alejamiento del justiciable respecto del órgano judicial y el correlativo incremento de costes económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras.

El máximo órgano de gobierno de la abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos.

El de la Abogacía andaluza no será el único recurso al que se enfrente el CGPJ. El Consejo General de la Abogacía (CGAE) también acordó ayer interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo, al considerar que infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales.

El rechazo frontal de todo el colectivo de abogados quedó claro con la concentración que ayer protagonizaron representantes de los 83 colegios de abogados y consejos autonómicos españoles, reunidos en Granada desde el pasado miércoles.

Por su parte, la Junta de Andalucía mostró ayer su rechazo al plan, aunque aseguró que lo "apoyará" con "los medios que sean necesarios", ya que el Gobierno andaluz "no es insumiso". Así lo aseguró ayer el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que explicó que "no comparte ni de broma" el plan de urgencia del CGPJ, pero que no le queda más remedio que "reforzar lo que sea necesario", buscando acomodo a los nuevos jueces, proporcionando material informático, despachos, sillas y mesas y poniendo a su disposición funcionarios adscritos. Eso sí, "mientras el Ministerio no nombre a los letrados de la administración de Justicia, para nada nombraremos nosotros funcionarios". De Llera aseguró que "los únicos beneficiarios" del plan diseñado serán los bancos, porque los juzgados únicos "se van a colapsar inmediatamente y la pobre gente va a tardar en recuperar el dinero que le corresponde". "Lo apoyaremos porque no somos insumisos, pero no lo compartimos".