Es criticable que el "criterio operativo" de una investigación judicial consista en iniciar causas penales desde la interpretación de documentos o informes de la Intervención de la Junta que se traen a las actuaciones, donde se recoge la existencia de irregularidades administrativas para, a partir de los mismos y de su interpretación, elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, partiendo de la consideración de que tales irregularidades son consecuencia de una actuación concertada y coordinada desde la administración, fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprende a todos (o casi todos) los funcionarios adscritos a la misma, quienes de forma concertada y bajo instrucciones específicas, que sería necesario demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes, red clientelar, dando lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público.

Esta crítica no la hago yo, ni está referida a la causa que actualmente me afecta, aquí en Granada. Esto lo dice la titular del Juzgado número 6 de Sevilla, en el auto por el que cerró definitivamente las diligencias judiciales por la llamada Trama política de los cursos de formación. Pero podría aplicarse palabra a palabra a lo que aquí se está haciendo, al igual que en muchos otros casos judiciales.

Las investigaciones patrimoniales no han descubierto movimientos extraños de dineroA la mayoría de los funcionarios y empresas investigados, "el partido" se las trae al pairo

Les cuento cómo funciona esto: A partir de una declaración o de un informe administrativo, los investigadores "crean una teoría", en la que implican siempre a más de cuatro personas, para poder aplicarles el tipo delictivo de "organización criminal". Establecida la teoría, comienza la búsqueda de documentos que avalen o justifiquen la misma. Cuando comienzan a aparecer documentos o hechos que la contradicen, se incorpora a los autores de estos documentos o hechos a la "trama", para neutralizar la contradicción.

Si continúan apareciendo nuevas circunstancias que no apoyan la teoría (por ejemplo, que todo está supervisado por el Interventor o el Letrado) se procede a meter igualmente al autor (el Interventor o el Letrado) en la "trama". Y así sucesivamente… Hasta que la trama alcanza a casi todos quienes intervenían en los procesos administrativos, engordando el número de investigados hasta cifras inverosímiles, como los 85 imputados que el juez llegó a incluir en el caso de las Entradas de la Alhambra.

Es un mecanismo cómodo y perverso, pues los investigadores se evitan tener que investigar realmente, atribuyendo delitos amplios por hechos ilícitos no precisados, invirtiendo por tanto la carga de la prueba. Es el investigado el que tiene que demostrar que no es cierto lo que dicen los investigadores, y no al contrario. Una burla a los principios procesales más elementales, que es lo que deplora la juez antes citada.

En el caso que me atañe se investiga ya a 28 personas, pero la dinámica propia del modelo elegido augura que tendrán que ir incorporando paulatinamente más funcionarios a la "organización criminal". Naturalmente, esto solo puede mantenerse acompañado de una frenética acción "promocional" que vaya creando el ambiente preciso para que se acabe creyendo a pies juntillas la teoría.

En nuestro caso, que va ya para tres años, he contado en medios de todo el país un total de 218 artículos o reseñas (y habrá muchas más que no he podido llegar a ver), y en casi todas ellas mi nombre se arrastra de forma expresa y, en ocasiones, malévola. Así que, naturalmente, la gente está convencida de que todo es cierto. Yo mismo lo hubiera creído, de no ser porque conozco la realidad.

¿Qué puede llevar a varias decenas de funcionarios de carrera, con puestos de trabajo seguros y con perspectivas de una buena vida en la administración, a arriesgarse a entrar en una "organización criminal" para adjudicar contratos a determinadas empresas?

1/ La primera respuesta que nos viene es por dinero. Bien. "Desgraciadamente para “la teoría”, en nuestro caso las investigaciones patrimoniales de la policía no han puesto al descubierto movimientos extraños de dinero desde las empresas afectadas hacia los imputados. Han debido reconocer, además, que la casi totalidad de los pagos y transferencias realizadas desde estas empresas son pagos de nóminas a trabajadores contratados para hacer los servicios adjudicados y otros gastos corrientes.

En mi caso concreto, además, han constatado que ni tengo propiedades de ningún tipo a mi nombre, ni en mis cuentas hay otros ingresos significativos que las nóminas. Tampoco mis hijos tienen ninguna propiedad, ni dinero en sus cuentas. Y, por suerte para mí, tanto mi anterior pareja como la actual adquirieron sus propiedades antes de que yo siquiera hubiera pisado las oficinas de la Alhambra.

2/ Podría ser también que los funcionarios arriesgaran su futuro para financiar "al partido". La acusación del PP, al menos, ha insistido mucho en esto. Pero, como ya digo, no se han detectado movimientos sospechosos en ese sentido y, además, a la mayoría de los funcionarios y empresas investigados, "el partido" se las trae al pairo.

No me extiendo más. Muchas de las cosas que dicen los informes de la investigación serían motivo de risas y chanzas si no fuera porque la cosa no tiene ninguna gracia. Ahí fuera hay unos cuantos tipos que quieren encarcelar a una treintena de personas, funcionarios la mayoría, y joderles la vida para que les "cuadre su teoría", incluso aunque, para ello, deban trufar la investigación de información falsa o tergiversada. Están dispuestos a ir hasta el infinito y más allá, aunque saben perfectamente que esto no es, ni de lejos, lo que a ellos les gustaría que fuera. Lo peor es que, a estas alturas, la confianza en el sistema judicial español es, ya, escasa.