La oferta de alojamiento suma 9.800 plazas en viviendas de uso turístico

El segundo aniversario del decreto que vino a regular en Andalucía las viviendas con fines turísticos está a la vuelta de la esquina. El próximo 2 de febrero se cumplen dos años desde que la Junta de Andalucía se metió en faena para regularizar una oferta de alojamiento que ya por entonces estaba creciendo como la espuma gracias a plataformas online como Airbnb. Dos años más tarde, y tras tres meses iniciales de moratoria en los que hubo poco interés por parte de los propietarios, las consecuencias de aquella normalización de los pisos que hasta habían estado en un limbo legal son evidentes.

El Registro de Turismo de Andalucía cuenta ya con 1.894 viviendas con fines turísticos inscritas como tal, con su correspondiente declaración responsable. Esto equivale, según la información facilitada por la Delegación de Turismo, a unas 9.800 plazas, que se han sumado a la ya de por sí extensa oferta de alojamiento de la provincia, que cuenta con unas 50.000 plazas entre hoteles, hostales, pensiones, campings, casas rurales y apartahoteles. Este 'nuevo' sector, ahora regulado, supondría por tanto casi un 20% del alojamiento, hasta hace dos años limitado a las empresas tradicionales.

La gran mayoría de esas plazas, según los datos de la Delegación, corresponden a Granada capital, el centro neurálgico del turismo provincial. En total, el Registro de Turismo tiene ya inscritas 1.151 viviendas con fines turísticos, que han sumado a la oferta reglada otras 5.667 plazas. Es decir, que el 57,8% de las camas en apartamentos turísticos reglados están ubicados en la capital, especialmente en el centro y en barrios históricos como el Albaicín y el Realejo.

La regularización de las viviendas turísticas ha llevado aparejada una actividad inspectora que ha derivado en 105 acciones entre actuaciones previas y aperturas de expedientes sancionadores. Según establece el decreto, "se considerará actividad clandestina la prestación del servicio de alojamiento cuando el titular haya iniciado la actividad turística sin presentar declaración responsable", estando tipificada dicha prestación como infracción grave. La multa para las infracciones calificadas como graves va, según la Ley de Turismo de Andalucía, de los 2.001 a los 18.000 euros.

El delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, Guillermo Quero, indicó que los datos son "importantes", ya que el hecho de que haya casi 1.900 viviendas inscritas y cumpliendo a priori con las obligaciones que establece el decreto de regularización no es baladí en un mercado que hasta hace dos años estaba completamente desregulado.

Aun así, sigue habiendo un número importante de viviendas que se anuncian a través de las plataformas P2P (peer to peer) y que no están reguladas. Según el portal Airdna, una empresa especializada que recoge la oferta que se comercializa a través de Airbnb, Granada cuenta con una oferta total -reglada o no- de unas 3.000 viviendas turísticas.

La mayoría de estos apartamentos están ubicados, según el portal, en el Realejo (997 viviendas), en el Centro (682) y en el Albaicín (525).

En este caso, los alquileres no se refieren únicamente a viviendas completas, sino también a habitaciones de una vivienda compartida. Aunque el 63% de los alquileres activos en Airbnb son casas completas, un 36% ofrecen habitaciones privadas y un 1% habitaciones compartidas, según Airdna.