Granada

La jueza ordena revisar el patrimonio 'millonario' que la Policía atribuye a una investigada del caso Nazarí

  • Se comprobará la propiedad de un céntrico edificio que se vinculó a la secretaria municipal

  • Ella alega que vivía allí en un piso de alquiler

La jueza que instruye el caso Nazarí, donde se investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de la capital, ha ordenado la revisión y comprobación de relevantes datos aportados por la policía en fechas anteriores al gran operativo de detenciones y registros del 13 de abril pasado y que afectó a los que eran entonces máximos responsables del municipio, incluido el alcalde, José Torres Hurtado.

El Juzgado de Instrucción 2 ha remitido un oficio al Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Policía para que compruebe el patrimonio millonario que en su día le atribuyeron a la secretaria del Ayuntamiento de la capital, que es uno de los altos cargos investigados en esta causa judicial.

El extenso informe policial de 16 de marzo de 2016 que la policía elaboró en el seno de esta instrucción incluía una investigación patrimonial de cada uno de los implicados. En el caso de la secretaria municipal, al llegar al apartado de bienes inmuebles, la policía señala entre sus propiedades un edificio completo en el centro de la capital (cerca de Bib-Rambla) por valor de 822.561 euros. Una cantidad sustancial, teniendo en cuenta que, aplicando el valor de mercado, este inmueble podría incluso duplicar su importe.

Desde entonces hasta fechas recientes, esta información ha permanecido bajo secreto del sumario como todo lo demás de esta causa, pero una vez levantada la medida, la implicada ha podido conocer el patrimonio que se le atribuye. Su defensa, representada por Antonio Illana Conde, presentó entonces un escrito al Juzgado en el que informa de que la que era secretaria del Ayuntamiento no es propietaria de ese edificio que se le atribuye. Aunque ha vivido en ese inmueble, la investigada solo ha sido arrendataria de uno de los pisos de toda la finca que la policía le atribuye al completo.

La secretaria ha remitido al Juzgado varios documentos que tratan de refutar el testimonio, como es el contrato de alquiler firmado con la representante de una Fundación que es la verdadera propietaria del inmueble. También presenta un recibo del pago de los honorarios de la agencia que cobró por los servicios del alquiler.

La magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz ha firmado esta semana una providencia en la que ordena que la policía compruebe las manifestaciones realizadas por la secretaria. Con el resultado de esa revisión policial, la jueza acordará si admitir las propuestas de la defensa de esta investigada. En su escrito, pedía que se cite a declarar en calidad de testigo a la representante de la Fundación propietaria del edificio que se le atribuye. La secretaria asegura a la magistrada que no tiene "ninguna vinculación" con esta organización y que ni siquiera la conocía antes de comenzar su contrato de alquiler en uno de los pisos del edificio.

No es la única cuestión referente al patrimonio que la policía le atribuye y que esta investigada pone en duda. En el sumario aparece una cuenta corriente de Caja Rural de Granada en la que la secretaria municipal aparece como apoderada. En su escrito a la jueza explicó que no le consta ninguna cuenta en esa entidad, de ahí que solicite también al Juzgado que libre un oficio para que se informe en detalle sobre los productos bancarios a su nombre. La jueza también condiciona esta actuación al resultado de esa revisión que ha ordenado a la policía.

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